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«La noche del 7 al 8 de abril sobre las cinco de la mañana llamé a la residencia porque la funeraria me dijo que avisara para que el cuerpo de mi padre no se lo llevara la Unidad Militar de Emergencias (UME). Me dijo ... una señorita con mucho cachondeo que allí el primero que llegaba se llevaba el premio. Supongo que serán órdenes superiores y no querrán que el nombre de la residencia quede manchado para un futuro. Solo quiero que paguen por lo que está pasando y que esto no vuelva a pasar. Mi padre tenía 79 años. Era un enfermo de Parkinson que luchó muchos años contra su enfermedad y no se merecía este final».
La carta de esta víctima de la Covid-19 a la asociación El Defensor de Paciente podría ser una perfecta fotografía de lo que están viviendo centenares de familias que han perdido a sus seres queridos en residencias de ancianos de todo el país.
Este centro privado en concreto, ubicado en el barrio madrileño de Valdebernardo, al sureste de la capital, contabiliza más de 60 fallecidos por coronavirus o síntomas similares durante esta alerta sanitaria, según el colectivo que defiende al paciente.
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«Más que residencias son casas de los horrores. Más que cuidados son víctimas atrapadas sin que nadie, ni ninguna administración, se ocupe de como están. Lo que aquí nos comentan es más de lo mismo de lo que ya nos han descrito otras familias: terribles vivencias y muertes de ancianos desprotegidos. No nos cansamos que decirle lo horrible que es y que se debe hacer justicia», señala la presidenta de esta entidad, Carmen Flores, tras enviar la queja del particular a la Fiscalía Provincial de Madrid.
Esta denuncia a la residencia privada Amavir se suma a la amplia lista de centros que investiga el Ministerio Público en todo el país. Hasta la semana pasada se habían abierto investigaciones penales contra 86 geriátricos, 40 de los cuales afectan a centros de la región de Madrid, donde 1.054 residentes en total fallecieron con un diagnóstico positivo de coronavirus aunque otras 5.688 defunciones son «atribuibles» a esta enfermedad, según la comunidad.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, admitió este martes que estos establecimientos para gente mayor o incapacitada, en su mayoría sin medicalizar, no estaban «suficientemente preparados» para afrontar «una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual». El político apuntó a la dificultad de aislar a los residentes, la falta de protección para los profesionales y la tardía obtención de pruebas diagnósticas.
El coronavirus en cifras
Este martes se conoció otra denuncia a la Fiscalía de un particular, en este caso la familia de Francisco de Prada, un anciano de 83 años fallecido por coronavirus el 4 de abril en la residencia Las Golondrinas de Robledo de Chavela (Madrid), intervenida hace unos días por la comunidad. Detallaron que en el centro les dijeron que el hospital de El Escorial y el geriatra rechazó que su padre fuera internado «y que había una orden de la administración autonómica para no trasladar a estos ancianos».
Otras veinte investigaciones penales de la Fiscalía están en marcha en la segunda región más castigada, Cataluña, donde 2.621 personas fallecieron en residencias por coronavirus o sospecha de tenerlo. Y en Castilla y León, cuarta comunidad con mayor tasa de letalidad, la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, aseguró este martes que 102 centros tienen a entre el 30 y el 60% de los residentes contagiados y otros 67 tienen a entre el 10 y el 30%. Asímismo, más de la mitad de los 2.300 fallecidos por la Covid-19 en la región son usuarios de residencias y viviendas tuteladas.
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