Sanidad rechaza exigir el pasaporte covid para entrar en bares

Darias, tras el consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles, dejó claro que el Ejecutivo central - mientras no haya una reforma legal, que no descartó de manera rotunda en el futuro - no tiene intención de exigir el pasaporte covid para poder entrar en locales de hostelería.

La propia Darias insistió este martes en que el Gobierno no contempla que el pasaporte se utilice para «usos que no están regulados y que no son los que permite la propia UE con el respaldo del Parlamento Europeo». Por ello, abundó que sería «complicado» hacer «cualquier otro uso» del pasaporte que no fuera el de facilitar la «movilidad segura por el territorio». No obstante, la ministra luego matizó y apuntó que obligar a los dueños de los locales a reclamar este documento a las puertas podría caber entre las «competencias» de salud pública de las autonomías, algo que no tienen tan claro los servicios jurídicos de su propio ministerio.

Sea como fuere, la exigencia del pasaporte es una medida que ya han puesto en marcha algunas comunidades como Canarias y Galicia, que piden ese documento para entrar en pubs o discotecas, y que se plantean otras autonomías, después de que varios estados europeos hayan anunciado que tiene intención de utilizar el certificado de inmunidad (ya sea por vacunación como por enfermedad) para cribar clientes en la puerta de entrada de cualquier espacio público, sobre todo cerrado.

Darias, que evitó tachar de ilegal la exigencia del pasaporte para entrar en el bar que están haciendo Canarias o Galicia, tuvo que recordar que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este asunto es contraria a utilizar el certificado para la hostelería, después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, alimentara la polémica este mismo miércoles. Y es que Maroto dio a entender poco antes del Interterritorial que Sanidad estaba abierta en ese foro a estudiar la exigencia del pasaporte covid para entrar en los bares y discotecas, siempre que el el certificado consiguiera «unas garantías jurídicas para darle uso en otros ámbitos para los que no ha sido validado». Al final, este tema ni se debatió en el consejo a pesar del revuelo provocado por la titular de Turismo.

Lo cierto, es que los servicios jurídicos del Estado desde el inicio han planteado serias dudas sobre la utilización del pasaporte covid para limitar derechos fundamentales. En primer lugar plantearon que podría ser inconstitucional usar este certificado como criba mientras el 100% de la población no haya tenido opción a ser vacunada, al suponer una clara discriminación con respecto a los que todavía no ha podido inmunizarse. Y en segundo lugar, apuntaron a la posible ilegalidad de establecer una 'pena de facto' a una conducta (negarse a ser inoculado) que no está penalizada en la legislación actual. La mayoría de los juristas consultados por Moncloa y Sanidad cuando en primavera se trabajaba en la implantación del certificado coincidieron en que su uso para impedir la entrada a comercios no pasaría el «filtro del constitucional», en tanto en cuanto no se reforma la legislación actual.

En la Abogacía del Estado recuerdan, además, que el pasado viernes el Constitucional ya cerró casi definitivamente la puerta a que las administraciones puedan imponer la vacunación forzosa, incluso en pandemia, al menos con la actual legislación. El Pleno de la corte, por unanimidad, acordó mantener la suspensión de la nueva Ley de Salud de Galicia, que es el que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación por entender que no hay paraguas legal que ampare una inyección forzosa que «supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano».

Y si no hay paraguas legal para obligar a la vacunación , tampoco puede haber sanción o discriminación para los que no se inoculan, arguyen los servicios jurídicos del Estado.

Canarias y Galicia, que a piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, han abierto el debate, en el que otras comunidades, como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana ya se han posicionado en contra de usar el certificado por el momento, por entender que existen antes hay que despejar las dudas legales sobre una utilización así del pasaporte.

Andalucía y Aragón ven con buenos ojos esta iniciativa, aunque todavía no ha dado el paso de aplicarle, mientras que Castilla-La Mancha no descarta este tipo de tamiz en los locales a través del certificado si hubiera un acuerdo nacional.