Sanidad prohíbe discriminar en el tratamiento a los mayores de 80 años

El documento, coordinado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Carlos Romeo Casabona y que ha sido revisado, entre otros, por la filósofa y catedrática de Ética Adela Cortina, trata de ofrecer a los profesionales unas recomendaciones para ayudarles en la toma de decisiones «en una situación de pandemia», exponen, «marcada por la limitación de recursos».

En estas condiciones, los expertos consideran que deben establecerse una serie de bases a la hora de decidir quién accede a las UCI o a los respiradores cuando son escasos. Así, recomienda a los profesionales que se guíen por «la situación clínica del paciente» y sus «expectativas objetivas de vida, basadas en la supervivencia».

También les insta a tener en cuenta «el principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas», la «gravedad del estado de enfermedad del paciente», sus expectativas objetivas de recuperación «teniendo en cuenta o no la concurrencia de patologías graves» o el «orden de entrada en contacto con el sistema de salud».

Es decir, los redactores del documento no defienden un trato similar a todos los enfermos de Covid-19 si faltan los recursos, pero sí rechazan que la edad sea un argumento a la hora de que los sanitarios decidan quién debe acceder a las UCI o a los respiradores. «Aceptar tal discriminación comportaría una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentran esas personas, lo que contradice los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, en particular el reconocimiento de la igual dignidad intrínseca de todo ser humano por el hecho de serlo», asegura el informe, que cita el artículo 14 de la Constitución. En esta crisis sanitaria, resumen, todas las decisiones se deben tomar desde los «principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia».

La situación extrema en las residencias de ancianos, el mayor agujero negro en la crisis del coronavirus, llevó a Cataluña a distribuir entre sus profesionales una directriz (fechada el 24 de marzo, diez días antes que el documento del Ministerio de Sanidad) en la que recomendaba evitar ingresar en la UCI a pacientes de más de 80 años o «con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por el Covid-19 u otras patologías que condicionen el estado crítico». Tras la polémica, la Consejería de Salud de Cataluña rectificó a medias y aseguró que «siempre prevalece el criterio médico». Los redactores del informe dejan claro que «el médico responsable del paciente» es quien debe decidir «la exclusión de un paciente del tratamiento intensivo», y no «un tercero».

Jesús Cubero, secretario del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), la asociación que agrupa a 400 residencias con 60.000 plazas, recuerda que en las primeras semanas de la crisis sanitaria, «ante el colapso del sistema, se tardó en atender a los mayores», una situación que ha cambiado, apunta, «por el menor número de enfermos ahora en las UCI y por la presión de las familias». «La sociedad», agrega Cubero, «se ha dado cuenta de que las residencias, por lo menos en el modo en que se han concebido actualmente, no están para curar, sino para cuidar». «Los recursos sanitarios deben basarse en la edad biológica, y no en la edad cronológica», afirma un médico que está en primera línea de la lucha contra el Covid-19.

Los autores del texto del Ministerio de Sanidad también se pronuncian sobre quiénes deben tener prioridad para pruebas diagnósticas de coronavirus ante la escasez de test. En primer lugar, sitúa a los profesionales sanitarios asistencialmente implicados con los pacientes, y después, a «otros profesionales y empleados que también puedan relacionarse con ellos (agentes de los diversos cuerpos de la policía estatal, autonómica y local y personal del ejército) o ciudadanos de mayor riesgo (personal de residencias y otros centros de atención a mayores y dependientes, residencias de menores, internados en centros penitenciarios y similares».

Más tarde se encontrarían «los ciudadanos que han podido estar en contacto próximo con otras personas identificadas como portadoras de anticuerpos del virus (infectadas)». Finalmente queda «el resto de ciudadanos que desearan someterse a estas pruebas».