Sanidad dará pautas a los médicos para reducir el abuso de psicofármacos

Mónica García aseguró que España tiene un grave problema de uso abusivo de psicofármacos, que atribuyó en buena media a la falta de tiempo y de recursos de los profesionales de la sanidad pública para enfrentar la avalancha de problemas de salud mental que han recibido en sus consultas en la última década, con especial ímpetu desde el 'shock' desatado por la pandemia de coronavirus, y a la imposibilidad de los pacientes con menos recursos de financiarse terapias psicológicas privadas para cubrir el déficit de la pública.

Algo más de 4,5 millones de españoles, sobre el 10% de la población adulta, toma a diario ansiolíticos, hipnóticos o antidepresivos, sobre el 16% lo hace todas las semanas y hasta el 27% los ingiere al menos una vez al mes, según detalla un estudio realizado este mes por la Fundación Axa. España no solo es el país con mayor uso de psicofármacos sino que además vive en la última década un consumo desaforado, con un crecimiento del 11% de la ingestión de ansiolíticos e hipnóticos y del 45% de la antidepresivos.

La propia ministra dio a los diputados otros dos datos que complementan la gravedad de la situación. El primero, que en España se recetan cada año suficientes psicofármacos como para tratar a uno de cada cinco mayores de edad, con especial uso entre mujeres y jóvenes. El segundo, que las más altas cotas de consumo se concentran en las familias y barrios más desfavorecidos, con una toma ocho veces superior a las de los hogares más pudientes. Atribuyó este desfase de trastornos psicológicos entre unos y otros al desgaste mental y emocional de convivir con la precariedad laboral, la pobreza o los problemas de vivienda, pero reivindicó que la solución tienen que ser más políticas sociales que corrijan las causas, no fármacos.

Sanidad, dijo, ha decidido mover ficha frente a la prescripción excesiva de psicofármacos. En pocos días, a través del Comisionado para la Salud Mental, presentará una guía con reglas y pautas «muy claras» para regular la administración de estos medicamentos, que espera que se convierta en una «herramienta fundamental» en el trabajo diario de los médicos y demás profesionales, pero también en un referente para los ciudadanos. Estas pautas buscan reducir el volumen de prescripción y rebajar primero y eliminar después la ingestión cuando ya no es necesaria. Quiere terminar con «la sobreutilización y los riesgos de un consumo continuado», resumió García.

La segunda medida que anunció la ministra es la pronta aprobación del borrador de la ley de alcohol y menores, que se marca como objetivo hacer efectiva una normativa de reducción del consumo en adolescentes que hoy no funciona. La ministra indicó que su objetivo, si tiene la colaboración de todos los grupos políticos, es tener aprobada la ley este mismo año.

Aunque se supone que en España está prohibida la venta y toma de alcohol por menores, lo cierto es que el 75% de los chicos de 14 a 17 años ha consumido estas bebidas en el último año y más del 50% en el último mes. Es más, el 42% de estos adolescentes se emborrachó en el último año, el 20% entre los de 14 años y hasta el 60% entre los que rozan los 18, con porcentajes superiores entre las chicas. Un 28% participó en un atracón de alcohol en el último mes y el 47% de los adolescentes estuvo en botellones, como también lo hizo un 21% de los chicos de 12 y 13 años.

Mónica García avanzó que este anteproyecto de ley tendrá cinco grandes ejes. Quiere «armonizar» las legislaciones vigentes de consumo, venta y comercialización, en muchos casos locales y autonómicas muy diversas; busca una mejora general y una regulación más efectiva; trabajará con medidas de «prevención ambiental» (de concienciación social y del entorno de los jóvenes); incorporará herramientas que permitan la prevención desde la escuela y la familia; y quiere promover entornos saludables para los adolescentes, que les den alternativas de ocio sano.

El tercer gran pilar de la política de Sanidad frente a las adicciones es llevar a la práctica los antes posible todas las actuaciones aprobadas por el ministerio y las autonomías, con el respaldo de médicos y científicos, en el plan integral contra el tabaco hasta 2027. La ministra indicó que su aspiración es que el grueso de las reformas legales esté aprobado antes de que termine el año.

García ya comenzó el trabajo la semana pasada con el inicio de la elaboración del real decreto para implantar las cajetillas y envases genéricos (sin logos ni diseños de marca) en todos los productos del tabaco y la prohibición de uso de aditivos, sabores y aromatizantes en todos los productos del tabaco, incluidos los electrónicos, y en los vaper que incorporen nicotina.

El paquete se debe completar con la equiparación de la regulación, las limitaciones y obligaciones de los cigarrillos electrónicos con los tradicionales, la fuerte subida del precio de los productos del tabaco (vía impuestos) hasta tasas similares a las del entorno europeo -beneficios que se usarán para la ejecución del plan-, la mejora de los programas públicos de deshabituación y la ampliación de los espacios públicos libres de humo, con las terrazas, las marquesinas, las colas, las playas o los estadios deportivos en el punto de mira.