Sanidad apunta a que el fin del copago no llegará antes de 2019

La prioridad, la medida que Carmen Montón quiere tener aprobada en un máximo de dos meses, es la recuperación del acceso universal a la atención sanitaria pública y gratuita de todas las personas que residan en España, incluidos los inmigrantes sin papeles, que lo perdieron con la reforma popular de 2012. El decreto que quiere pactar la próxima semana con los responsables de salud de todas las comunidades autónomas, y que entraría en vigor en pocas semanas, solo se ocupará de «lo más básico» y urgente, de garantizar que la asistencia sanitaria, incluida la atención primaria, vuelve a llegar a todos.

La reversión del copago farmacéutico se quedaría para una siguiente fase todavía sin plazos concretos, formaría parte de los «siguientes pasos» que prevé dar su ministerio en el desmontaje del decreto de recortes de 2012, entre los que también citó la recuperación de las terapias públicas de reproducción asistida para lesbianas o mujeres sin pareja. «La eliminación del copago nos va a llevar más tiempo. Está en nuestra hoja de ruta, pero en este momento hemos empezado paso a paso. Primero, universalidad. Y, en paralelo, vamos a ir buscando soluciones para el resto de cuestiones», admitió Montón.

El procedimiento para abordar el fin del copago será similar al que va a utilizar con el retorno a la universalidad de la atención sanitaria. Elaborar un informe «riguroso» de la situación y buscar soluciones de forma conjunta en reuniones con las comunidades autónomas, con los profesionales y con la sociedad civil. No quiere adelantar fechas ni plazos, pero sí que dejó claro que en su etapa como consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana le llevó seis meses tomar las primeras medidas para paliar los efectos del decreto estatal de copago farmacéutico y que la reversión para todo el país «nos va a llevar más tiempo».

Tampoco quiso concretar si la reversión de las medidas del decreto de 2012 sería total, entre otras cosas porque debe negociarlo con Hacienda y con las autonomías, pero avanzó que su idea es «volver el punto de origen», cuando los pensionistas españoles no abonaban dinero alguno por los fármacos que les recetaba la medicina pública. Los calculos realizados por las organizaciones de farmacéuticos indican que los jubilados españoles pagan anualmente unos 400 millones por las medicinas que precisan.

La reforma de 2012 impuso por primera vez el copago a los pensionistas, con excepción de los receptores de prestaciones no contributivas. Las rentas de menos de 18.000 euros pagan un 10% de los fármacos, con un tope mensual de 8 euros; las de menos de 100.000, también un 10%, con un tope de 18 euros; y las mayores de esa cifra, un 20%, con un tope de 60 euros. El decreto también elevó el copago de los ciudadanos activos, que hasta entonces abonaban el 40% del precio, hasta el 50% o el 60%, según los tramos de renta. Las medicinas solo son gratis para parados sin prestación o perceptores de rentas de integración.

Autonomías como Euskadi o Comunidad Valenciana paliaron la medida con la subvención de la gratuidad de los fármacos para pensionistas y parados con ingresos inferiores a los 18.000 euros.