Sánchez impone la mascarilla obligatoria en exteriores

El regreso de la mascarillas en exteriores a partir del 24 y la puesta en marcha de una suerte de 'plan de choque' contra Ómicron con refuerzos sanitarios y vacunales serán la apuesta del Gobierno central para frenar una sexta ola que este martes volvió a arrojar cifras récords de contagios de toda la pandemia con más de 60.000 nuevos casos en tan solo 24 horas. Y es que Moncloa, sin demasiado debate interno y antes de escuchar la opinión de los 19 líderes autonómicos, había descartado definitivamente embarcarse en apresuradas e impopulares modificaciones legales para ampliar las restricciones a solo 48 horas del inicio de la Navidad.

Ni toques de queda como pedía Cataluña ni limitar a nivel nacional aforos y horarios en la hostelería como reclamaba Euskadi. Los presidentes de ambas comunidades, junto a los de Galicia y Andalucía, fueron durante el encuentro intergubernamental los más críticos con las medidas anunciadas por Sánchez, que tildaron de «insuficientes» para frenar la sexta embestida del virus. En el otro extremo se situó Madrid, que rechazó la imposición de la mascarilla por considerarla innecesaria.

Así las cosas, Sánchez decidió fiarlo todo a ampliar el uso del tapabocas estas vacaciones y al sentido común ante la avalancha de reuniones sociales y familiares que se avecinan y que no tendrán ningún tipo de limitación, ni dentro de los domicilios ni en los locales de hostelería.

La mascarilla dejó de ser obligatoria en espacios abiertos el pasado 25 de junio, a través de un real decreto que modificó parcialmente la Ley 2/2021 de 'medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria' y que era la que hacía obligatorio el uso del tapabocas. Ahora, un nuevo decreto, en principio, volverá a la redacción que se cambió el pasado verano, cuando se relajaron las medidas por la mejoría de la situación pandémica tras superarse la cuarta ola.

El artículo que se modificó pasado mes de junio cuando España en su conjunto tenía una incidencia de apenas 95 casos cada 100.000 habitantes (frente a los 784 marcados este miércoles) y los contagios diarios bajaban de 5.000 establecía el «uso obligatorio de mascarillas» por encima de los seis años en «la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público». Solo admitía las excepciones de «personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria», discapacitados que no pudieran usarla o «en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre», amen de «los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias».

Con la vuelta de los tapabocas en los espacios abiertos el jefe del Ejecutivo central decidió hacer suya la demanda expresa de gran parte de los presidentes autonómicos. Los jefe de Gobierno de Castilla y León, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Canarias o Cataluña habían insistido en reclamar el regreso de la protección facial. Una medida a la que solo se oponía abiertamente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Más allá de la imposición de la vuelta de las mascarillas en exteriores, Sánchez se negó en redondo a otras restricciones adicionales, que podría haber ordenado por decreto, tales como fijar nuevos aforos en las hostelería, el ocio y los eventos; o establecer limitaciones horarias en bares, restaurantes o discotecas.

Tampoco, y eso lo tenía claro Moncloa desde el pasado verano, el Ejecutivo central iba a decretar un nuevo estado de alarma para recortar derechos fundamentales e imponer medidas como el toque de queda; el cierre perimetral de ciertas áreas o las limitaciones en reuniones familiares o de culto.

Con esta premisa de no llevar al extremo las restricciones a solo 48 horas de la Nochebuena, Pedro Sánchez y Sanidad en lugar de implementar grandes restricciones para Navidad apostaron por anunciar una suerte de 'plan de choque' contra la embestida de Ómicron: un conjunto de medidas operativas, sobre todo para «intensificar y acelerar» el proceso de vacunación y rebajar la tensión en la atención primaria.

Así, el presidente prometió el refuerzo de los dispositivos con equipos de vacunación de las fuerzas armadas, además poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar de Madrid y Zaragoza para acelerar las inoculaciones.

Todo ello con el objetivo de dar un fuerte empujón a la inmunidad con un calendario milimetrado: el 80% de la población entre 60-69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año; el 80% de entre 50-59 años en la semana del 24 de enero; el 80% de entre 40-49 años en la primera semana de marzo; el 70% con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero; y el 70% con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.

En esa línea de anuncios de mejoras operativas sanitarias para tratar de frenar la sexta ola evitando grandes restricciones como las de 2020, Sánchez también adelantó que el Ejecutivo central va a autorizar la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y que va a autorizar la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la UE. Además, se va aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%. Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 292 millones de de euros, la mayor parte transferidos a las CCAA, para este plan de choque contra la expansión de Ómicron.

Y poco más. El presidente, que hizo sus anuncios antes de escuchar las propuestas de los presidentes autonómicos, se limitó a desgranar otras medidas ya aprobadas por la Comisión de Salud Pública, tales como la supresión de cuarentenas para las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado si tienen la pauta completa o lo decisión de las autoridades sanitarias del Gobierno central de emitir autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población.

El único guiño a la cogobernanza de Sánchez tras anunciar sus medidas sin esperar el debate fue la promesa de que habrá «reuniones periódicas de la Conferencia de Presidentes mientras dure esta sexta ola». Y es que la última convocatoria de este foro tuvo lugar en Salamanca el 30 de julio.