Los rostros del confinamiento más duro

Sin duda es la cara de la pandemia y, por ende, del estado de alarma desde el principio. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias CCAES no rehuyó las cámaras cuando en Moncloa le situaron al frente del equipo de comunicación diaria tras el confinamiento total decretado a mediados de marzo. Su exposición mediática, que ya había comenzado en febrero de 2020 con los primeros casos, ha sido llevada al extremo por los expertos de comunicación del Gobierno, convirtiendo al propio Simón en un personaje en sí al margen de la epidemia, con sus partidarios y sus detractores. La misma locuacidad y espontaneidad que hace seis años y medio le llevaron a granjearse las simpatías del gran público durante la crisis del ébola, entonces bajo el mandato de Mariano Rajoy, ahora le han metido en más de un lío y le han granjeado grandes críticas. Sus vaticinios de que España «como mucho solo iba a tener un par de casos diagnosticados», que no iba a haber «transmisión local» o que no había ninguna «razón para alarmarse» por la llegada del coronavirus le han valido un aluvión de chistes, pero también peticiones de dimisión que el Gobierno nunca ha atendido. Sus defensores siguen destacando su valor por no tirar la toalla nunca, sus enemigos no hacen más que recordar que la persona que dirige la lucha contra el virus ni siquiera tiene un doctorado.

Llegó al Ministerio de Sanidad como agradecimiento al PSC por su apoyo a Sánchez y lo que debía haber sido un 'balneario' se convirtió en una pesadilla. A Illa lo nombraron ministro de Sanidad el 13 de enero de 2020 cuando el término coronavirus era solo un palabro lejano que únicamente provocaba algunos problemas en Wuham, la capital de una desconocida provincia de Hubei, en el centro de una muy lejana China.Tan plácido, y sobre todo intrascendente parecía el cargo, que el propio Pablo Iglesias consideró un agravio que se le intentara «colar» esa cartera en el acuerdo de Gobierno. Rechazó para los suyos ese ministerio «florero» sin influencia alguna. Pero la llegada del virus y la declaración del estado de alarma lo cambió todo. Salvador Illa, el socialista catalán y conciliador con España y que solo había gestionado la alcaldía de su municipio y otros puestos medianos en administraciones regionales, se topó con un puesto clave en la mayor crisis sanitaria de los 100 años sin tener la más mínima preparación científica. Quizás por ello, en los días más duros de la pandemia de hace un año, y consciente de sus limitaciones, se ciñó a «reproducir» en sus comparecencias mensajes «muy simples» y «sencillos». Solo decir lo que le decían, sin salirse ni un milímetro de lo marcado aunque la pregunta fuese fácil. Cualquier defecto menos la locuacidad. Ni una valoración. Mero portavoz, en el sentido etimológico de la palabra, pero también coraza para tratar de evitar en la medida de lo posible que el desgaste provocado por las penalidades provocadas por el estado de alarma salpicaran a Sánchez.

Nunca antes en la historia democrática reciente de España alguien, más allá de los presidentes del Gobierno, había tenido tanto poder. Ni siquiera los vicepresidentes de más renombre de los últimos cuarenta años habían acumulado tanta responsabilidad a sus espaldas. Desde que el 15 de marzo entró en vigor el estado de alarma hasta que éste expiró el 21 de junio, Fernando Grande-Marlaska se convirtió, de facto, en la segunda persona más poderosa del país. Pedro Sánchez, en esos días tan delicados, no eligió a ninguno de sus cuatro vicepresidentes para liderar y coordinar la batalla contra la covid-19, sino a un ministro sin carné de ninguno de los dos partidos que forman el Ejecutivo. Durante los 98 días del estado de alarma, Grande-Marlaska tuvo bajo su mando a cerca 400.000 funcionarios: los 169.000 adscritos a su ministerio (entre ellos policías nacionales, guardias civiles y efectivos de Protección Civil), los 132.000 miembros de las Fuerzas Armadas, que indirectamente pasaron a estar bajo su batuta en todo lo referente a cuestiones de seguridad; los 17.000 mossos, los más de 8.000 ertzaintzas, los cerca de 1.000 forales navarros y los casi 70.000 policías locales de toda España.

«En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados»; «hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, todos los días son lunes»; «quiero ofrecerles algunos consejos en base a los valores militares: disciplina y espíritu de sacrificio. Esto nos va a venir muy bien en estos días»… Nunca antes en la historia de la democracia un Jefe del Estado Mayor de la Defensa había sido tan mediático. Con su uniforme azul de aviador, el general de división, se hizo omnipresente en las pantallas de todo el país como parte de la táctica de Moncloa de intentar involucrar a la población en la 'guerra' contra la covid. Al final, el virus se llevó por delante la carrera de Villaroya, quien dimitió el pasado 23 de enero al conocerse que se había vacunado antes de tiempo.

Su presencia en las ruedas de prensa diarias respondía al interés del Gobierno por informar del número de sanciones por la violación del estado de alarma para que sirvieran de disuasión a los futuros infractores. Sin embargo, su imagen siempre estará ya unida a aquellas declaraciones el 19 de abril cuando reveló que el cuerpo tenía órdenes de «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». Aquellas palabras le convirtieron en una de las caras más conocidas del estado de alarma, sin pretenderlo.

Un caso similar al de Santiago fue el de González. En un desliz, el número 2 de la Policía reveló que la institución llevaba desde el 24 de enero tratando de comprar mascarillas «siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad», que siempre había negado que hasta el 9 de marzo no hubo motivos para hacer acopio de material.