Las residencias respiran por la caída de la incidencia y la tercera dosis

Según los datos del Imserso, que recopila la información de las residencias, 15 usuarios han fallecido en la última semana en los centros de mayores. En la anterior lo hicieron 14, y en la previa, entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, 18. Estas cifras confirman el descenso de óbitos que comenzó en septiembre, después de un mes y medio muy difícil, desde mitad de julio, cuando se habían notificado 899 decesos en los geriátricos en apenas 45 días.

Este incremento de muertes, aunque lejos de los niveles de principios de año, cuando la tercera ola de la covid-19 dejó semanas con hasta 809 fallecidos en las residencias, sí volvió a desatar las alarmas. Dos factores empeoraron la situación: la incidencia acumulada se disparó a principios de verano (llegó hasta los 701 casos el 27 de julio) y las vacunas, como empezaron a demostrar los estudios científicos, iban perdiendo efectividad con el transcurso de los meses. Los residentes, que habían sido el grupo prioritario para recibir las dosis, desde el 27 de diciembre, también fueron los primeros en sufrir el descenso de la eficacia de los compuestos.

Así, los contagios se dispararon desde finales de junio, de manera que entre julio y mediados de septiembre se computaron 10.051 nuevos positivos, cuando desde el 3 de marzo (final del primer proceso de vacunación) hasta el 28 de junio, es decir, en cuatro meses, únicamente se habían registrado 1.033 infecciones, diez veces menos en el doble de tiempo. En la última semana se han sumado 176.

A principios de agosto, y ante la certeza de que la covid estaba regresando a los centros a través de los trabajadores que no habían querido vacunarse (entre el 5 y el 10% del total), el Ministerio de Sanidad decidió que estos empleados deberían someterse por lo menos a dos pruebas de detección a la semana, tendrían controles de temperatura diarios y si sus superiores lo creían oportuno, podrían ser cambiados de puesto. Pero estas medidas, como criticaron entonces, y denuncian ahora, las patronales de las residencias, han sido totalmente insuficiente. «Pensar que podíamos cambiar de puesto a un trabajador sin que el caso acabara en los tribunales y perdiendo nosotros era una utopía», explican desde la patronal, que pidió al Gobierno, sin éxito, que obligara a estos empleados a vacunarse.

Pero el 16 de septiembre, Sanidad dio un paso más. La Comisión de Salud Pública dio el visto bueno a la tercera dosis en las residencias y justificó su decisión por el «perfil de fragilidad, pluripatología y entornos cerrados» de los usuarios de estos centros. Aquel día también se avaló la dosis extra para los pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresores de muy alto riesgo y a las personas de más de 40 años con síndrome de Down.

En el caso de las residencias, las inoculaciones comenzaron de manera inmediata y con la maquinaria de la vacunación ya engrasada, los aproximadamente 300.000 usuarios de geriátricos han recibido el tercer pinchazo en pocas semanas. A la vez, el descenso de la incidencia acumulada ha frenado la circulación del virus. Con la covid estabilizada en menos de 50 casos, la posibilidad de que el virus se infiltre a través de las visitas o de los trabajadores se reduce exponencialmente.

«Nosotros somos un reflejo de la sociedad y si la pandemia va remitiendo y todos volvemos a una vida cada vez más normalizada, lo mismo ocurre en los centros de mayores», asegura Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que reúne a más de 2.400 residencias (la mayoría pequeñas) que cuentan con unas 150.000 plazas.

La mejor situación actual no permite olvidar, sin embargo, que la covid-19 se ha cebado con los centros de mayores. Desde el inicio de la pandemia, según los datos del Imserso, han fallecido por el coronavirus en estas instalaciones 31.335 residentes. De ellos, 20.789 óbitos están confirmados por covid y otros 10.546 se produjeron durante la primera ola, pero a las víctimas no se les pudo realizar una prueba por la falta de PCR en España en aquellas fechas.