Piden 40 años de cárcel para la auxiliar acusada de matar a dos ancianas

El Ministerio Público, después de estudiar todas las pruebas y testimonios de la investigación, no tiene duda de que esta auxiliar de 38 años, que llevaba en la plantilla del centro sanitario madrileño desde 2004, en ambas ocasiones, inyectó aire en las venas de las ancianas con la ayuda de una jeringuilla «con ánimo de causar la muerte de forma inmediata».

El fiscal entiende que la procesada actuó con pleno conocimiento de lo que hacía y del resultado que provocarían sus acciones ya que la acusa de sendos delitos de asesinato y considera que «no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal». Es decir, no observa ni atenuantes ni, por supuesto, eximentes por razones psiquiátricas o de drogodependencias que puedan reducir o suspender su responsabilidad y con ella la pena.

El acusador público avanza en su escrito de calificación provisional para el juez instructor que pedirá al tribunal de jurado que debería juzgar a Beatriz L. D. en los próximos meses que la imponga también, como medida de libertad vigilada, la prohibición, a su salida de la cárcel, de desempeñar su oficio de auxiliar de clínica en hospitales u otros centros sanitarios durante un plazo de diez años.

El primero de los crímenes que el fiscal atribuye a esta mujer sucedió el 29 de julio de 2015, a primeras horas de la mañana, en la planta quinta del hospital alcalaíno, dedicada a enfermos de Medicina Interna, y donde desarrollaba su trabajo. Según considera probado el fiscal, entró en la habitación 523-2, ocupada por una paciente de 92 años a la que le iban a dar el alta al día siguiente, y, aprovechando que no la acompañaba familiar alguno, le inyectó gran cantidad de aire con una jeringuillla a través de una vía que tenía colocada en uno de sus brazos. Como consecuencia de la acción de la auxiliar, la paciente entró en una situación de parada cardiorrespiratoria, «a causa de una embolia gaseosa pulmonar masiva», y murió a las 9:40 horas, sin que las maniobras de reanimación que le practicó el resto del personal sanitario permitiesen salvarla.

La segunda acusación es casi idéntica. El 2 de agosto de 2017, entre las 15:35 y las 15.40 horas, Beatriz L. D. entra dos veces en la habitación 528 de la misma planta de Medicina Interna e inyecta una gran cantidad de aire a través de una vía a una paciente de 86 años causándole la muerte en pocos minutos, también por una parada cardiorrespiratoria derivada de una embolia pulmonar, de la que tampoco fue posible reanimar a la anciana.

El fiscal indica que la acusada aprovechó para su acción criminal que no había familiares en la habitación y que la única compañía de su víctima era otra paciente, también de avanzada edad, que estaba «en estado semicomatoso». Las entradas y salidas de la auxiliar fueron grabadas por una cámara de vigilancia del pasillo, instalada junto al control de enfermería.

La Fiscalía reclama a la aseguradora profesional de la acusada que indemnice con 72.000 euros a los dos hijos de la anciana asesinada en 2015 y con 20.000 euros a los dos hermanos de la víctima de 2017. Designa a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, titular del hospital, como responsable civil subsidiario de estos abonos.

El Ministerio Público también urge a la Audiencia Provincial de Madrid a que se celebre el juicio por los asesinatos a la mayor brevedad -a poder ser antes del 28 de julio de 2019, propone- porque recuerda que Beatriz L. D. lleva casi año y medio en prisión provisional, desde el 5 de agosto de 2017, tres días después de la segunda de las muertes y cuando fue arrestada como presunta autora de los asesinatos.