«Eran pacientes recuperables, pero murieron»: MSF relata el caos en las residencias

Acostumbrada a actuar en epidemias internacionales, esta vez la ONG afrontó una crisis en los países desarrollados, y en el caso de España, encontró una situación que «nunca debería volver a ocurrir». Médicos sin Fronteras pone el foco en la «falta de recursos sanitarios y asistenciales» de unas estructuras diseñadas «para vivienda o residencia» que se desmoronaron cuando se tuvieron que convertirse en «un recurso sanitario de urgencia, de vida o muerte». «Muchas personas mayores murieron aisladas y solas», hasta el punto de que, en algunos casos, se las halló «ya sin vida en sus habitaciones al cabo de varias horas o incluso días», denuncia la entidad.

El informe de Médicos sin Fronteras sostiene que «el colapso» del sistema sanitario, en los servicios de urgencias y en las UCI «obstaculizó» las derivaciones a los hospitales desde las residencias de mayores. Es decir, la vida de los mayores quedó en manos de los profesionales de los centros, a los que sin embargo, no se dotó «de los recursos necesarios para contrarrestar esa vulnerabilidad y no hubo instrucciones claras en términos de sectorización, medidas de desinfección, protección, estrategias diagnósticas y acceso a la salud». «Entre finales de marzo y principios de abril, cientos de residentes vieron denegada la solicitud de acceder a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, restringiendo su acceso según comunidades autónomas y días de evolución de la epidemia. Sin alternativa, las residencias se vieron obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave», insiste el documento, que subraya una consecuencia de mantener a los contagiados en las residencias: al no ser derivadas a un hospital, «el virus se extendió rápidamente y afectó a residentes y personal, que, sin medios adecuados para protegerse, fue enfermando, de forma que las plantillas quedaron mermadas». «El inaceptable resultado» de no hospitalizar a los pacientes y de no ofrecer recursos a las residencias fue el «altísimo número de contagios y fallecimientos en circunstancias indignas», lamenta Médicos sin Fronteras.

El documento está trufado de testimonios de trabajadores de residencias que vieron morir casi en sus manos a los pacientes. «Se intentó derivar a dos residentes para los que ya no teníamos medios, pero desde el hospital nos confirmaron no los admitirían. Me consta que nuestro médico insistió en la urgencia de esas derivaciones, pero le dejaron claro que de las residencias no se estaban haciendo ingresos. Sin más, no importaban los motivos para pedir la derivación. Los dos pacientes se murieron aquí en el plazo de dos días y, francamente, no tenía por qué haber sido así. Los dos eran recuperables», cuenta Alejandro, enfermero en una residencia.

Carencia de medios materiales en los centros de mayores, lagunas de formación de los profesionales de las residencias, que en unos días pasaron de realizar labores de cuidados a trabajos sanitarios, falta de equipos de protección adecuada, imposibilidad de realizar pruebas PCR, confusión en los datos de contagiados y fallecidos (que se mantiene hasta ahora) y la alta ocupación de los centros, que no tenían espacio físico para evitar el contacto entre contagiados y sanos son algunas de las causas del infierno en las residencias. Todo ello, sin embargo, podría haber sido diferente si la administración hubiera actuado correctamente. Pero eso tampoco ocurrió, y así lo deja claro la ONG, que critica con dureza la labor del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas.

«La falta de entendimiento entre las Administraciones gobernadas por diferentes partidos políticos y las desconfianzas entre los propios órganos de Gobierno responsables de la legislación, supervisión y fiscalización de las residencias, así como la dependencia presupuestaria del Estado o de los familiares», pesaron, en ocasiones, «más que el dar una respuesta eficaz e inmediata a las necesidades identificadas», subraya el informe, que acusa a todas las administraciones de «falta de información transparente, liderazgo y acciones claras y decididas».

El Ejecutivo central y las consejerías autonómicas debieron haberse «anticipado» con «planes de contingencia» que anticipan escenarios de epidemia y respuestas operacionales adecuadas, pero que en España no existieron. «En el caso de las residencias de mayores, esta falta de anticipación tuvo un efecto devastador. Según las estimaciones de Sanidad disponibles y aún por confirmar, el número de personas fallecidas en las residencias oscila entre las 27.359 y las 32.843». De ellas, aproximadamente 20.000 serían muertes de personas con resultados positivos por PCR o muertes con sospecha de Covid-19 y unas 10.000 habrían sufrido otras patologías que no pudieron ser tratadas en los hospitales por el colapso debido a la pandemia.