El nuevo plan de Sanidad contra el tabaco llegará un año tarde

El renovado empujón a la lucha contra el humo se llama Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, pero como constata su propio enunciado, va con bastante retraso. Solo podrá estar listo a finales de 2022 o ya en 2023 porque aún quedan varios trámites, como su aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud. En los dos últimos años, la sucesión de emergencias sanitarias, empezando por la covid-19 y continuando por la hepatitis infantil o la viruela del mono, han apartado el foco del tabaquismo. Por ahora, fuentes ministeriales explican que es «un documento técnico en el que se está trabajando». Las comunidades autónomas y las sociedades científicas han aportado sus alegaciones, pero el departamento de Carolina Darias aún no ha puesto fecha a su aprobación.

El texto apunta en varias direcciones: subir los impuestos del tabaco para encarecer el precio de las cajetillas, ampliar los lugares sin humo (plantea prohibir el tabaco en las terrazas de los bares e incluso en el interior de los coches), hacer más neutros los paquetes de tabaco, quitándoles el nombre de las marcas (los logos resultan atractivos a los compradores) y equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco tradicional. Quedan descartadas, por el momento, otras medidas más ambiciosas, como prohibir la venta de tabaco para siempre a partir de determinadas edades. Nueva Zelanda lo ha hecho con los nacidos de 2008 en adelante y Dinamarca quiere hacerlo con los nacidos desde 2010, unas iniciativas que apoya la Organización Mundial de la Salud, pero que pueden chocar, en algún momento, con las libertades individuales de los adultos.

«La legislación española se ha quedado obsoleta», reconoce Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. «Con las leyes antitabaco, fuimos un modelo que se copió en el extranjero, pero ahora vemos, por ejemplo, que más de 15 países ya obligan al empaquetado neutro», explica Zamorano, que también reclama una subida del precio de la cajetilla para que España deje de ser «el estanco de Europa». «No es posible que cueste 5 euros, cuando de media en los países europeos vale más de 10, e incluso 20. No podemos permitirnos esas imágenes de gente viniendo en autobuses a comprar tabaco a España», lamenta.

Los expertos también reclaman que el nuevo plan clarifique los lugares en los que se puede fumar o no. Los ayuntamientos son los que ahora deciden si están permitidos los cigarrillos en paradas de autobuses, playas, paseos marítimos o piscinas. «Nadie tiene que respirar el humo o los aerosoles de un fumador, así que debería prohibirse el tabaco en cualquier sitio donde hubiera personas cerca», zanja Zamorano, lo que en la práctica, incluiría las calles de las ciudades.

Proteger a los no fumadores y normalizar las situaciones en las que no debe encenderse un cigarrillo, incluso llamando la atención a quien lo haga en lugares donde no está permitido, son algunos de los objetivos que plantean los expertos. Pero a todas estas medidas habría que sumar una más: poner todos los medios para ayudar a quienes quieran dejar el tabaco. Dicen las estadísticas que al 70% de los fumadores les gustaría orillar este hábito, pero no siempre encuentran las herramientas. «El abandono del tabaquismo debería formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud», subraya Carlos Rabade, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Todo ello para alcanzar una meta, reducir el número de fumadores del actual 20% de la población a la mitad, el 10%, en la década entre 2030 y 2040. «Si actuamos en conjunto y convertimos el plan en una ley similar a la de 2005 o a la de 2010, es posible que lo logremos», destaca Rabade.