El Ministerio de Sanidad acelera la tarjeta única para superar el «caos» de los 17 sistemas

El objetivo de la nueva norma será acabar con las distorsiones que la existencia de 17 sistemas sanitarios (18, si se incluyen los de Ceuta y Melilla, gestionados por el propio Ministerio de Sanidad) provoca en la calidad de la atención de los pacientes que están en una comunidad diferente a la suya de residencia. El problema se identificó hace más de dos décadas, cuando Ana Pastor era ministra de Sanidad y se acababa de completar el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades, pero aún no se ha solucionado.

Para hacerlo, el plan es que las consejerías de Salud de las comunidades emitan una tarjeta sanitaria individual (TSI) en soporte virtual (similar a las tarjetas virtuales de los bancos o del transporte público que se llevan en los móviles) que incluya unos «datos básicos comunes» a los que puedan acceder «todos los agentes implicados en la provisión de asistencia sanitaria o prestación farmacéutica» en «todo el Sistema Nacional de Salud». A la vez, los médicos y los farmacéuticos deberán adoptar «los medios técnicos que sean precisos para facilitar la lectura de la TSI independientemente de su formato».

Ahora, la prestación se convierte en una carrera de obstáculos cuando los pacientes necesitan un médico si están fuera de sus autonomías. En Urgencias, todos son atendidos, pero en Primaria y en los especialistas, el trato que se dispensa a un enfermo depende de factores como la compatibilidad de los sistemas informáticos, los acuerdos a los que hayan llegado los Gobiernos autonómicos en cuestión o el interés y la buena voluntad de los médicos. La tarjeta sanitaria de cualquier comunidad sirve para acreditar que una persona tiene derecho a la asistencia, pero no proporciona la información necesaria para un buen diagnóstico. Por eso, buena parte de los ciudadanos decide esperar hasta regresar a su casa para ir al doctor, en vez de hacerlo en su destino de vacaciones.

«Ya era hora. Llevábamos reclamando esta medida muchos años», afirma José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Polo asegura que la atención a los pacientes desplazados es «caótica» y relata que los sanitarios tienen que interrogar a los enfermos ante la falta de una base con sus datos. Ocurre, por ejemplo, que las tarjetas electrónicas de una comunidad utilizan chips y otras, una banda magnética, dos sistemas incompatibles.

«Solo nos queda la posibilidad de preguntar a los pacientes, aunque a veces no nos proporcionan una información fiable. Nos cuentan que están tomando una pastilla rosa o blanca, sin concretar para qué enfermedad es, o no recuerdan si tienen colesterol o el azúcar alto, o de qué están operados. Es más una adivinanza que un diagnóstico», explica Polo, que pide celeridad al ministerio ante el riesgo de que la coyuntura política, un gobierno en funciones, retrase el proceso más allá de un tiempo razonable, que estima entre seis meses y un año.

Un problema de 2003

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March cita algunos tratamientos, como la diálisis, que podrían aplicarse con menos dificultades a pacientes de fuera si la ley entra en vigor. «Es evidente que se necesita facilitar estos procesos», recalca March, que recuerda que el problema se remonta a 2003. «Se tenía que haber resuelto entonces. Ya se sabía que la gente también se pone enferma cuando se desplaza».

En el documento base de esta nueva ley, el ministerio reconoce que la no entrada en vigor de la tarjeta común «conllevaría el riesgo de que las distintas administraciones públicas sanitarias adopten su propia tarjeta sanitaria individual virtual, que podría ser no interoperable», de manera que solo fuera útil «en la administración pública sanitaria emisora, en lugar de poder servir para la provisión de asistencia sanitaria o prestación farmacéutica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud».