Ayuso aísla a 900.000 personas para tratar de atajar la gran crisis sanitaria de Madrid

En esos barrios y pueblos, al menos durante las dos semanas que es el período mínimo de aplicación de la cuarentena de la denominada orden 668/2020, se volverá a algo bastante parecido a lo que se vivió en la desescalada: reuniones de seis personas como máximo si no son convivientes (ahora eran 10); bares al 50% en el exterior e interior y sin servicio de barra; terrazas con un máximo de seis clientes por mesa; locales de ocio cerrados a las 22 horas salvo para el servicio domicilio; servicios religiosos limitados a un tercio de aforo; velatorios con un máximo de 10 personas en lugares cerrados y 15 en abiertos; cierre de parques y jardines; limitaciones al 50% en academias; mitad de aforo en cines, teatros, auditorios o bibliotecas; o tiendas con mitad de aforo. El único respiro para estos vecinos 'no confinados' es que podrán moverse dentro de sus barrios.

Isabel Díaz Ayuso no se anduvo con paños calientes. El aislamiento de estos centenares de miles de madrileños es indispensable para «evitar que la situación se extienda por toda la comunidad». La presidenta, tras una nueva jornada de nervios y aplazamientos por la complejidad jurídica de poner en marcha unas medidas que afectan a derechos fundamentales sin el paraguas del estado de alarma, reveló que el aislamiento se hará efectivo en 37 de las más de 300 zonas básicas sanitarias de la comunidad, en aquellas en la que la incidencia acumulada (casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) supera los 1.000 positivos, «una cifra gravísima», según admitió Ayuso, quién prometió hacer a los centenares de miles de aislados pruebas de PCR. La propia presidenta y su equipo garantizaron que realizarán un millón de pruebas en solo unos días en las nuevas áreas bajo cuarentena.

Los vecinos afectados pertenecen a 26 zonas básicas de la capital de España (repartidas en 6 distritos: Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y a otras 11 zonas de otros 7 municipios (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas) . Esos barrios y pueblos, que representan el 13% de la población de la región, sin embargo suman casi el 25% de los contagios de toda la comunidad. Los barrios que van a ser aislados se mueven entre los 1.903 casos cada 100.000 habitantes (récord de todo Europa) de la zona sanitaria de Martínez de la Riva (en Puente de Vallecas) a los 1.006 de la zona de Miguel Severt en Carabanchel.

Estas cifras de las 37 zonas sanitarias superan por muchísimo el ratio de 120 casos por cada 100.000 habitantes que fija el Centro europeo para la Prevención y Control de Enfermedades como listón de riesgo. No obstante, la práctica totalidad de los 179 pueblos de Madrid y los 21 distritos de la capital también sobrepasa con creces las tasas de alerta europeas o la media nacional que sitúa esta semana por encima de los 250 positivos por cada 100.000 habitantes.

Ayuso insistió, una y otra vez, en no hablar de confinamientos y arguyó que se pone en cuarentena a estos casi 900.000 vecinos para poder realizarles las pruebas y así poder mejorar la lucha contra el virus y la capacidad de diagnóstico. «Hay que evitar a toda costa el estado de alarma. Y sobre todo hay que evitar el confinamiento porque no lleva al desastre económico», dijo. «Ya conocemos los efectos económicos que contrae y los perjuicio que ocasiona. No es el momento de restringir la libertad de todos los ciudadanos. Solo vamos a hacer cuarentenas efectivas y diagnosticar a ciudadanos», trató de zanjar.

Lo que no precisó la presidenta es cómo va a poder aplicar su Gobierno unas medidas tan restrictivas sin el amparo del estado de alarma y para más inri en áreas especialmente pobladas y con multitud de salidas, accesos, estaciones de metro y cercanías y líneas de autobuses. Ayuso se limitó a recordar que la comunidad de Madrid se encuentra en la «misma situación que otros gobiernos autonómicos o locales» que han decretado confinamientos parciales y se mostró esperanzada en que los jueces no echarán por tierra su plan de «cuarentenas» selectivas.

En el Gobierno regional, además, confían en que la amenaza de sanciones entre 600 y 600.000 euros por incumplir la orden que entrará en vigor el lunes disuadan a los vecinos de saltarse estas «cuarentenas» a la espera de que le hagan los test. El objetivo fundamental, insistió la jefa del Gobierno autonómico, es reducir fundamentalmente los contactos en el «ámbito privado» en domicilios, bares y jardines y parques que es, según Ayuso, donde están produciendo «la mayor parte de los contagios».