Un juez decidirá si las menores de 16 años pueden abortar sin permiso de los padres

La reforma legal en tramitación termina con la necesidad de autorización paterna para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan realizarse un aborto voluntario, obligación que el PP introdujo en la norma en 2015 con sus únicos votos, pero el nuevo texto que llegó al Congreso desde el Consejo de Ministros deja un vacío legal sobre qué hacer en los casos en que la chica sea menor de 16 y no haya acuerdo entre ella y sus padres o tutores sobre qué hacer con el embarazo en curso.

La disposición final sexta del proyecto gubernamental, la que terminará con la obligación del permiso paterno a los 16 y 17 años que el PP introdujo en el apartado 5 del artículo 9 de la ley reguladora de la autonomía del paciente, también liquida al suprimir el párrafo la única referencia que la ley hacía a cómo solucionar la controversia en menores de esa edad, a la que aludía con un inconcreto «se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil».

PSOE y Unidos Podemos se disponen a terminar con la indeterminación jurídica mediante la introducción de una enmienda conjunta al texto, que parece que contará el apoyo mayoritario de los otros grupos durante los debates en comisión para la aprobación de la norma, que este lunes vivieron la segunda reunión de la ponencia.

La enmienda de los dos socios en el Gobierno fija además la fórmula concreta con la que se dará una solución de acuerdo a derecho cuando haya discrepancia, que no tiene por qué ser frecuente, pero que sin duda existirá en más de una ocasión.

La enmienda introduce un párrafo final en el apartado dos del artículo 13 bis, la disposición de nueva creación que proclama la libre decisión de la interrupción por las mayores de 16 años y la obligación de que sean los responsables de servicios sociales quienes emitan el consentimiento para el aborto en los casos de chicas de 15 o menos que están bajo su guarda o tutela por encontrarse en situación de desamparo.

El párrafo establece que, en caso de discrepancia entre la menor y sus tutores, el conflicto lo resolverá un juez de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil sobre menores y familia mediante un procedimiento que «tendrá carácter urgente». El magistrado estará obligado a nombrar un defensor judicial que garantice los derechos e intereses de la menor de 16 años durante el procedimiento y la norma también establece que el fiscal estará obligado a intervenir en las actuaciones.

Los partidos proponentes explican que quieren que la ley «recoja expresamente la mención sobre el procedimiento a seguir en caso de conflicto», no solo una remisión abstracta al Código Civil como en la legislación actual, con el fin de «garantizar los derechos de la menor a ser informada, oída y a participar en el proceso», extremo al que obligan tanto las leyes nacionales como la Convención de los Derechos del Niño.

La fórmula, creen, garantiza la intervención real de la menor en un proceso que le afecta -se la escucha y su opinión se tiene en consideración- y obliga a una decisión motivada (sea a favor o en contra), lo que permite interponer recurso en contra de esta resolución.