La Fiscalía se opone al aislamiento forzoso de los estudiantes del 'macrobrote'

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma debe decidir este miércoles o mañana jueves si ratifica el confinamiento de los 235 jóvenes que permanecen en cuarentena, contra su voluntad en el hotel Palma Bellver (otros 14 no ponen pegas al aislamiento). Pero previamente, este martes, la Fiscalía de Baleares pidió al juzgado que se oponga al confinamiento forzoso en régimen de aislamiento de los estudiantes y de esta forma, rechazó avalar la solicitud presentada en los juzgados de Palma por el Gobierno balear, que quería que la justicia ratificara esta medida.

El Ministerio Público considera que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública de Baleares «no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente». También argumenta que la resolución del Ejecutivo autonómico considera sospechosos a los jóvenes de manera «presuntiva e indeterminada», algo que no ha hecho, por ejemplo, con los trabajadores de los hoteles o con los clientes, y no tiene en cuenta ni la fecha en la que llegaron a Palma (en algunos casos, días después del brote), ni a qué grupo pertenecían ni qué actividades realizaron.

Además, el Ministerio Público sostiene que el Gobierno balear no concreta si los confinados son realmente casos positivos o si han mantenido contactos con los contagiados confirmados. Finalmente, subraya que los casos que se encuentran en cuarentena han sido asintomáticos o leves y no han necesitado hospitalización. De las pruebas realizadas a los 249 jóvenes, 64 han dado positivo y 185, negativo.

Pero si por un lado, la Fiscalía se posiciona contra el confinamiento de los estudiantes, por otro, las primeras resoluciones de los tribunales sobre el 'macrobrote' van en sentido contrario. El Juzgado de Guardia de la isla denegó ayer tres solicitudes de 'habeas corpus' presentadas por padres de estudiantes aislados en el hotel, igual que hizo el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, que rechazó otra solicitud similar presentada por el padre de una menor de Madrid. En su argumentación, la juez de esta última solicitud no considera justificado el 'habeas corpus' porque la joven «no se encuentra detenida por la perpetración de un delito», sino por una cuestión de salud pública.

«La actuación de la autoridad administrativa se encuentra dentro del ámbito de su competencia y ha seguido el procedimiento correspondiente para su adopción y ratificación en la jurisdicción contencioso-administrativa», subraya el auto.

El 'habeas corpus' es una figura jurídica por la que toda persona detenida debe ser presentada ante el juzgado para que ordene su libertad inmediata si no encuentra motivos suficientes para el arresto.

El escrito de los abogados argumenta que esta menor y sus compañeros llegaron a Palma entre el 26 y el 27 de junio y «no tuvieron ningún contacto físico» con los positivos por covid, que se registraron el día 21.