La Fiscalía denuncia al médico de una residencia con 54 muertos en dos mes

En el caso de esta segunda denuncia, el fiscal señala que el médico no realizó un «adecuado» seguimiento de la enfermedad del fallecido «ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario».

Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en dicho centro 54 usuarios, de los que 45 tenían «síntomas compatibles» con la covid-19. La denuncia indica que solo entre el pasado 9 de marzo, «fecha en la que comenzó la etapa más grave de la pandemia, que coincidió con la restricción de visitas a las residencias de personas mayores», y el 6 de abril «fecha en la que la residencia fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba», murieron 41 de sus 54 usuarios.

La residencia en cuestión, a pesar de tener 156 plazas autorizadas, contaba en plantilla, con anterioridad a la crisis sanitaria, únicamente con un médico, M. A. R. C. , «que atendía a los usuarios en horario de mañana, y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico preventiva del centro, y un equipo de enfermería compuesto por siete personas que debía dar servicio las 24 horas del día».

Además, entre las fechas referidas anteriormente el equipo sanitario, «ya de por sí escaso», se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejando a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches, además de los fines de semana.

Esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación, manifestando expresamente en ellas que «no tenemos capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro». En el texto, además, se indicaba que, si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda, su alternativa era desalojar a 60 usuarios, considerando que su capacidad real le permitía atender solo al 50% de los residentes que tenía en ese momento.

Reconocía, incluso, que su incapacidad de gestión alcanzaba «a aspectos tan básicos como la administración de las comidas o a la movilización básica de pacientes». Pese a sus quejas, el acusado no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde a la residencia se le había designado un geriatra de referencia.

La Fiscalía subraya que M.A.R.C., «desatendiendo estas previsiones», informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias «y que, por tanto, todos los casos sospechosos de Covid-19 serían tratados en la residencia». Además, ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, «tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería».

Paralelamente, entre el 23 y el 31 de marzo, la residencia dejó de cumplir con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados, «y cuando el día 31 de marzo retomaron las comunicaciones, el número de residentes fallecidos había crecido drásticamente, quedando tan solo en la residencia 11 usuarios asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca en este momento el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron».

Con estos datos, el 4 de abril procedió primero a reclamar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) para una «profunda» desinfección y más tarde, ante «la magnitud de la situación detectada», se optó por la intervención del centro.

La Fiscalía, por último, cita el caso del fallecido de 89 años, quien padecía un importante deterioro cognitivo« y que falleció el día 4 de abril »a causa de un distrés respiratorio con sospecha de infección por la Covid-19«. En su denuncia, el Ministerio Público arguye que M.A.R.C no emitió »a pesar de los múltiples requerimientos que se le han dirigido«, un informe »completo« sobre el usuario, »resultando que la información sanitaria disponible no parece completa ni, en muchos aspectos, coherente con el desenlace acaecido«.