Expertos piden que el Centro Estatal de Salud Pública sea una agencia «autónoma»

El Ministerio de Sanidad anunció tras el Consejo Interterritorial de esta semana que destinará 13 millones de euros a «reforzar las capacidades» del Sistema Nacional de Salud «para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales y garantizar que todas las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud». En concreto, esta partida se destinará a la Red de Vigilancia en Salud Pública, encargada de recopilar y analizar la información sobre la que se deciden las actuaciones sanitarias, y se distribuirá entre las comunidades autónomas y el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, el organismo nacional que, desde dentro del ministerio, elaborará las políticas del país en el campo sanitario.

El Centro Estatal de Salud Pública será la gran apuesta de Carolina Darias para modernizar la sanidad en España. Según el ministerio, este ente, cuya creación será pronto un anteproyecto de ley tras concluir el miércoles el periodo de consulta previa, tendrá «autonomía funcional» para ejercer «las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria», como las pandemias, pero también las derivadas del cambio climático, del tabaquismo, de la obesidad o de la diabetes. Sanidad aspira a «la excelencia» atrayendo al «personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias» para lograr armonizar competencias «hasta ahora dispersas» como «la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española», de manera que el sistema sanitario esté preparado «ante amenazas para la salud pública y la coordinación de las respuestas».

Los especialistas avalan el nuevo centro, pero reclaman que cuente con los medios necesarios para no caer en el futuro en los errores de la pandemia, «una crisis sanitaria sin precedentes con unos sistemas de información muy débiles, sin homogeneizar y sin que existiera coordinación entre las comunidades autónomas ni un organismo estatal de referencia de la Salud Pública», expone la Sociedad Española de Salud Públicas (Sespas) en el documento con el que asesora al ministerio en la creación de este organismo. En la opinión de los 30 expertos, pertenecientes a diez sociedades, que han colaborado con el ministerio, el centro debería tomar la forma de agencia, como la del medicamento, un tipo de institución que se caracteriza por «la autonomía, la agilidad y la flexibilidad en la gestión, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación por resultados» y tendría que organizarse «en red», con 17 «nodos autonómicos». Además, Sespas cree que el nuevo ente debe contar con «suficientes capacidades y recursos».

El Centro Estatal de Salud Pública es una vieja aspiración de la sanidad española y la Ley de Salud Pública de 2011 ya lo calificaba como «un mandato legal», pero ninguno de los gobiernos de la última década, ni del PSOE ni del PP, había dado pasos para su creación, prevista, en principio, para antes del verano de 2022. Ahora, reconoce el ministerio, la crisis de la covid-19 no ha dejado otra opción que «contar con un centro que coordine esfuerzos frente a futuras emergencias sanitarias».

El organismo tendrá también la misión de integrar, o sustituir, al cuestionado Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), pero puede que un nombre vincule a la vieja y a la nueva entidad. El Ministerio de Sanidad no oculta que quiere que Fernando Simón, actual director del CCAES, se convierta en el primer director del Centro Estatal de Salud Pública, pero este nombramiento genera rechazos tanto políticos como sanitarios. Expertos en Salud Pública recuerdan que la figura de Simón ha salido «muy quemada» por la gestión de la covid-19 y reclaman una figura de consenso para la nueva entidad.

Otras voces recuerdan que la primera línea de combate contra la covid-19 y contra cualquier emergencia sanitaria, la Atención Primaria, está muy dañada, una situación incluso previa a la pandemia. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Salvador Tranche, exige al Ministerio de Sanidad un Plan de Acción en Atención Primaria «con medidas concretas», como la contratación de 7.000 médicos y una financiación de 4.000 millones de euros en los próximos cuatro años. «La situación es absolutamente crítica. Llevamos así muchos años, prácticamente todo el siglo XXI, con una progresiva desfinanciación», lamenta Tranche.