La eutanasia vuelve al punto de mira legal

Los legisladores intentaron abordar la cuestión 16 veces entre 1994 y 2016, sin llegar a concluir ninguna normativa. Pero la muerte digna ocupa el tiempo del hemiciclo otra vez desde que en enero de 2017 Podemos expuso «regular el derecho a solicitar ayuda médica para poner fin a la vida en determinadas circunstancias». Esas condiciones eran, básicamente, haber cumplido 18 años, padecer una enfermedad en fase terminal o con sufrimientos físicos o psíquicos intolerables. La petición debía ser voluntaria, consciente y repetida, y la eutanasia sería considerada muerte natural a los efectos legales.

Año y medio más tarde, Ciudadanos ya había solicitado la tramitación de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, dirigida a garantizar los cuidados paliativos -existentes en algunas comunidades- en todo el territorio; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había determinado que la despenalización de la eutanasia debía acompañarse de un régimen legal regulatorio, y el Parlamento de Cataluña pidió en el Congreso la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio.

En el debate, realizado este año, sostuvo un «cambio sustancial en la percepción social de la eutanasia» y propuso la modificación del Código Penal. En abierto desacuerdo se mostró la Unión del Pueblo Navarro. En mayo, el PSOE presentó su proposición de ley orgánica para regular la eutanasia, «un nuevo derecho individual», que estipula que los demandantes deben tener una enfermedad grave o incurable o una discapacidad crónica, ambas causantes de un «sufrimiento intolerable», previa «valoración cualificada».

Entre las garantías para que se practique de forma segura tanto para los pacientes como para los sanitarios, se exige la comprobación de que la solicitud es voluntaria e informada, la consulta con un segundo facultativo competente y la evaluación por parte de una comisión supervisada por cada comunidad autónoma.

Hasta el momento, todas las propuestas -Podemos, PSOE y Parlamento de Cataluña- han tomado como punto de partida el sufrimiento del paciente. Las diferencias básicas entre la del PSOE y la de Podemos, las únicas que añaden un marco regulatorio, es que en la de los socialistas hay una instancia supervisora previa que autoriza el procedimiento, mientras en la otra el control se realiza posteriormente. Por otra parte, la del PSOE es algo más restrictiva que la de Podemos, pues no habla del sufrir psicológico.

Mientras Ciudadanos condiciona su respaldo al PSOE a la aprobación de su ley de cuidados paliativos -complementarias según los expertos- el PP le salió al paso con una enmienda a la totalidad, con un proyecto basado en legislaciones previas de cuidados paliativos.

Enfocadas a las personas con «enfermedad terminal» con dolor o molestia severa, se admite su derecho a la sedación paliativa «aunque ello implique un acortamiento de su vida», según la aprobada en Madrid en 2017, con administración y métodos ajustados a cada paciente, incluso en su domicilio. Sin embargo, la eutanasia y el cuidado paliativo, aunque centrados ambos en pacientes terminales, son conceptos diferentes en su forma y aplicación.