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España pone coto a la libre movilidad de franceses que en las últimas semanas viajaban durante horas por carretera desde zonas de alta incidencia del coronavirus del país vecino hasta pueblos de Euskadi, Cataluña, Navarra o Aragón fundamentalmente para disfrutar de las menores restricciones ... en bares y restaurantes a este lado de la frontera. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este sábado una orden por la que establece la obligatoriedad a partir del próximo martes de una prueba diagnóstica de infección activa para el virus con resultado negativo para los pasajeros procedentes de Francia también por vía terrestre, déntica a la que desde hace meses ya se reclamaba a los viajeros por vía marítima o aérea.
El BOE establece que todas las personas, mayores de seis años, procedentes de zonas de riesgo de Francia que lleguen a España por vía terrestre deberán disponer de «una prueba PCR (RT-PCR), una prueba TMA u otro tipo de prueba diagnóstica para SARS-CoV2 basada en técnicas moleculares equivalentes» realizada en las 72 horas previas a la entrada.
La orden, no obstante recoge excepciones. No deberán hacerse el test los profesionales del transporte por carretera en el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores transfronterizos y los residentes en zonas fronterizas, en un radio de 30 kilómetros alrededor del lugar de residencia.
La resolución publicada este sábado establece que se considerarán zonas de riesgo todas aquellas de Francia calificadas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades con nivel de riesgo de color rojo oscuro, rojo, naranja o gris, en base a los indicadores combinados establecidos por el Consejo Europeo en febrero de este año.
El Ejecutivo, en principio, mantendrá la obligatoriedad de estas pruebas a los viajeros procedentes de Francia por tierra hasta que se «declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid».
La resolución firmada hoy por la titular de Sanidad, Carolina Darias amenaza a los viajeros infractores con las sanciones previstas en la Ley General de Salud Pública de 2011, o sea con multas de entre 3.000 y 600.000 euros.
La exigencia de la PCR a los viajeros terrestres se produce en plena polémica por la supuesta llegada masiva de ciudadanos franceses por vía aérea particularmente a Madrid a los que las exigencia del preceptivo test con 72 horas de antelación no ha disuadido para pasar unos días de asueto, disfrutando de las restricciones más laxas de la capital de España.
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