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En 2050 habrá 16 millones de españoles con más de 64 años, un tercio de la población. A partir de esa edad, la esperanza de vida media hoy es de 22 años, pero solo un 53% de ese tiempo lo es en condiciones ... saludables. Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), «es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse«. La FED ha presentado esta mañana un informe con la radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España, elaborado por la consultora PWC, una especie de Libro Blanco que pone el foco en «un claro déficit» de plazas «que irá en aumento si no se aportan las soluciones».
La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con 5 plazas por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir la demanda de residencias para la tercera edad, tasa que ya cumplen países como Holanda, Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania y Francia. España, con una ratio de 4,4 plazas, presenta un déficit de alrededor de 66.000 plazas.
Si ya existe en España un déficit de 550 residencias para la tercera edad (de 120 plazas de media), el paulatino envejecimiento de la población y el aumento del índice de dependencia agravará esta situación de tal forma que, según las estimaciones demográficas del INE y las recomendaciones de la OMS, se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018.
Según PWC, dentro de 30 años, será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año. «Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales, lo que consideramos un reto factible y razonable pero que requiere de las condiciones necesarias para favorecer la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país», señala Fernández-Cid.
El informe también indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas -de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión- una cifra insuficiente para cubrir la demanda actual.
En España existen alrededor de 5.600 residencias, con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas hospitalarias, por ejemplo), que genera una actividad económica de 4.500 millones de euros. Además, la dependencia tiene un importante efecto arrastre: por cada euro ingresado en el sector, se generan 0,7 adicionales en el resto de la economía. El sector de las residencias privadas emplea a más 155.000 trabajadores directos, alrededor de un 1% del total de ocupados en España.
El mercado español de las residencias se caracteriza por estar altamente atomizado: un 75% de las empresas son pymes que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y tan solo un 8% está en manos de fondos de inversión. El 51% de las plazas disponibles son públicas o concertadas
En 2019, la inversión en residencias para la tercera edad alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.
La epidemia del coronavirus ha golpeado muy especialmente a las personas mayores y, entre ellas, a aquellas que viven en residencias. Por eso desde la FED piden una serie de actuaciones coordinadas para paliar los efectos de esta crisis y de las que se puedan suceder en el futuro. Una de sus principales reclamaciones es el establecimiento de unos protocolos de actuación, «claros y homogéneos», consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector con el objetivo de proteger a un segmento de la población especialmente vulnerable: medidas de confinamiento y sectorización, realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, uso de EPIs, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos y régimen de visitas de familiares, entre otros. Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPIs para casos de emergencias sanitarias.
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