El actual estado de alarma no permite confinamientos como el que solicita Asturias

La consigna oficial del Ejecutivo es la de no adelantar acontecimientos; evitar las comparaciones con las duras medidas dictadas en Francia, Alemania o Italia; y esperar a ver qué ocurre hasta el 9 de noviembre -cuando decae la orden vigente- con los indicadores de la pandemia. Sin embargo, en Moncloa no tienen claro que el aislamiento de las comunidades y municipios y los toques de queda sean suficientes. Es más, tal y como informó este periódico el pasado sábado, sus técnicos trabajan desde principios de la pasada semana en un 'plan b' para el supuesto de que no se pueda frenar la expansión del virus con las actuales restricciones.

En todo caso, no habría mando único como en marzo y las comunidades, como ocurre desde el fin de la desescalada el 22 de junio, seguirán siendo las «autoridades delegadas», aunque bajo el paraguas de que sería el cuarto estado de alarma decretado por el Gobierno. El Ejecutivo entiende que la situación varía mucho entre unas regiones y otras. Mientras Navarra tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, Canarias no llega a cien casos, diez veces menos.

Un marco legal que, pese a las dudas de algunos juristas, habilita la restricción de derechos fundamentales, como la libertad de movimientos o circulación, y que pasaría la criba de los Tribunales Superiores autonómicos en caso de buscar la ratificación judicial de esta medida.

Por lo tanto, serían los Gobiernos autonómicos los que, si llega a entrar en vigor este nuevo decreto, decidan si hacen uso de este nuevo marco normativo y hasta dónde. Y es que la idea del Ejecutivo es dar un «nuevo instrumento» con el que las autonomías puedan superar los actuales confinamientos perimetrales y toques de queda. Otra de las grandes diferencias con el estado de alarma de marzo sería que las comunidades podría mantener abiertos los centros educativos ante la evidencia de que la transmisión en estas instalaciones sigue siendo muy baja.

Lo que es una realidad es que el fantasma del confinamiento domiciliario sobrevuela España. «Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos», intentó zanjar este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que Asturias se convirtiera en la primera comunidad en solicitar formalmente esta iniciativa, la más severa de todas las que tiene sobre la mesa el Gobierno.

El Ejecutivo, siempre según Sanidad, prefiere esperar a comprobar qué resultados dan las restricciones tomadas tras el estado de alarma, principalmente, los toques de queda nocturnos, pero también el cierre perimetral de la mayoría de las comunidades autónomas, la clausura de la hostelería en muchas de ellas o las limitaciones de aforo en comercios. «Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas es suficiente», remarcó Illa. «Así ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña, donde, sea dicho con toda la prudencia, estamos viendo una cierta estabilización de casos. O en Madrid, donde aplicamos medidas del mismo tipo hace ya unas semanas y hemos visto cómo se ha estabilizado y va bajando», señaló el ministro.