20 detenidos por la gestión irregular de residuos biosanitarios de la covid-19

La empresa investigada reducía costes en envases, manipulación y equipos de protección, con el incremento del riesgo de dispersión del virus que supone. La operación se ha centrado en las sedes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, y también en las sedes de Portugal.

Las vigilancias llevadas a cabo por el SEPRONA han revelado que los residuos infecciosos eran almacenados en la calle y sin los envases adecuados utilizando otro tipo de embalaje más económico. Este 'modus operandi' les permitía incrementar los beneficios obtenidos, que se estiman en un 300%. Los operarios en su mayoría sólo disponían de guantes como equipos de protección individual. El ahorro en envases provocaba que gran parte de los mismos -al contener sustancias líquidas- se deteriorara y el contenido de las bolsas acabara disperso por la vía pública.

La empresa investigada asumía un volumen y tipo de residuos muy por encima de la previsión realizada en base a su capacidad. Esto ha desembocado en posibles tratamientos incorrectos, que no conseguían neutralizar la carga vírica y el riesgo de infección, y, en general, actuaciones negligentes que han podido generar situaciones de contagio. Los investigados usaban naves no autorizadas para el almacenamiento clandestino de estos residuos. La empresa incrementó su gestión en tres toneladas en tan sólo unos meses, sin capacidad para ello.

La empresa gestora usaba cajas de cartón como envase para guardar las bolsas infecciosas, contraviniendo las normas de seguridad mínimas aceptadas y marcadas por la legislación vigente. Esto generaba un riesgo para los trabajadores que lo manipulaban, y lo transportaban, especialmente en empresas subcontratadas no habilitadas para este tipo de residuos, y donde los transportistas no contaban ni con cualificación, ni con protocolos de actuación

Los responsables de la empresa incurren en varios delitos relacionados con la gestión irregular de residuos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública. La mala gestión de estos residuos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

La operación Ribio se enmarca dentro de las campañas operativas y preventivas desarrolladas por EUROPOL en el marco de la emergencia de la covid-19, de acuerdo con los marcos legislativos internacionales, de la Unión Europea y los nacionales. Se ha colaborado de manera estrecha con la GNR Portuguesa (Guardia Nacional Republicana) para inspeccionar las sedes que le empresa tiene en ese país, y con el apoyo de EUROPOL en el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con el resto de países europeos.