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El Defensor del Paciente contabilizó 699 fallecimientos por presuntas negligencias médico-sanitarias el año pasado, 71 más que en 2021, según la 'Memoria 2022', presentada este lunes. La asociación recibió 13.611 reclamaciones (455 más que en 2021), es decir, 37 posibles casos de mala ... praxis al día. Errores de diagnóstico, pérdida de oportunidad terapéutica, intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias son algunas de las causas de fallecimientos que podrían haberse evitado, denuncia la entidad.
En su informe anual, la asociación exige a las autoridades sanitarias la puesta en marcha de medidas concretas para disminuir las negligencias. La primera es «la prevención del daño en sí», con «cambios legislativos» para que solo los médicos especialistas «debidamente acreditados» puedan operar en su campo.
La segunda iniciativa se centra en la transparencia en los quirófanos. La entidad solicita que las operaciones médicas sean grabadas, cuando lo solicite el paciente o cuando presenten un alto grado de complejidad, como «garantía indispensable para el paciente cuando ya ha sufrido un daño por mala praxis secundario a una intervención quirúrgica». Recuerdan el caso de Sara Gómez, la mujer de 39 años que murió el 1 de enero de 2022 tras una operación de lipoescultura.
El Defensor del Paciente explica que en sus 25 años de historia ha recogido «miles de denuncias de pacientes, muchas de las cuales no pueden prosperar por falta de prueba de qué es lo que ocurrió verdaderamente en el quirófano» al no existir un «registro visual». «Es incomprensible cómo bien entrado el siglo XXI, y en plena era digital, no se lleva a cabo un registro audiovisual de la operación que serviría para aportar luz en los casos de mala praxis como medio de prueba principal, tanto para provecho del paciente cuando fuera justa su denuncia, como del cirujano cuando fuera infundada», señalan.
Sobre la situación de la sanidad en España, el informe incide en que el sistema, tras la pandemia de la covid-19, se encuentra «en pie de guerra» por «la falta de personal y el exceso de trabajo de muchos profesionales, especialmente de Atención Primaria, lo que ha provocado la convocatoria de varias huelgas». Los autores también se muestran «preocupados» por «el auge de la teleasistencia, ya que conlleva mucha dificultad en el diagnóstico y se pone en peligro la salud de los pacientes». Es «una falta de respeto, una ilegalidad y un peligro» porque «puede conducir a graves errores en la medicación». «Muchos médicos han puesto el grito en el cielo y se niegan a atender urgencias de manera telemática, puesto que la decisión que tomen puede acarrear una complicación grave o, incluso, conducir a la muerte. Al paciente hay que auscultarlo, explorarlo y ver la expresión de su cara 'in situ'», reiteran. En ese sentido, plantean que los responsables políticos «están orquestando un modelo sanitario 'low cost', tratando de maximizar rendimiento con el mínimo gasto posible».
La sanidad pública española «va camino de la extinción», opina la asociación, que cree que existe una voluntad política en que esto sea así. «Mientras, la sanidad privada campa a sus anchas aprovechándose de la situación que está sufriendo la pública y no hay voluntad política por revertir el modelo, pues intentan resolver, a través de los conciertos con la privada, los problemas del sistema público incapaces de mejorar su gestión. Cuanto peor se gestione la pública, mejor parecerá la privada», subrayan.
En su análisis, el Defensor del Paciente enumera todos los retos que afronta el sistema sanitario español en los próximos años. Así, alerta de la falta de profesionales sanitarios, causada por «la precariedad laboral, el éxodo de especialistas a otros países, las dificultades para formar a los nuevos facultativos o la jubilación de 80.000 doctores en la próxima década», y reclama «flexibilizar los criterios de acreditación MIR en especialidades deficitarias a través de ofertas de empleo público, aumentar las plazas en las facultades de Medicina de toda España, garantizar la estabilidad laboral y optimizar la retribución económica».
La asociación también expone su inquietud por el «abandono» de la Atención Primaria y reclama mejoras retributivas y una reducción del cupo de pacientes diarios atendidos diarios desde los 60, como tienen ahora muchos médicos, hasta 31.
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