Los deberes pendientes de la covid

Antes de la covid-19, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) era un pequeño departamento del Ministerio de Sanidad que solo en crisis muy puntuales, como la del ébola en 2014, había gozado de cierta relevancia pública; sobre todo, porque su director, Fernando Simón, demostró entonces unas dotes de comunicación muy superiores a las de los políticos que lo rodeaban. Pero la pandemia del coronavirus demostró que este órgano, compuesto a principios de 2020 por un puñado de funcionarios, se quedaba muy corto para afrontar los retos epidemiológicos del futuro. Para sustituirlo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en septiembre de 2021 la creación del Centro Estatal de Salud Pública, que supondría un salto en la sanidad española. Contaría con los expertos de diferentes áreas científicas que se encargarían de la vigilancia de la salud pública (enfermedades respiratorias, pero también obesidad o tabaquismo) y de preparar el sistema sanitario para futuras pandemias. Los Presupuestos Generales del Estado destinan 9,4 millones de euros para el centro, pero por ahora, solo es un anteproyecto que está en fase de consulta pública y que según fuentes sanitarias, no llegará al Parlamento hasta antes del verano. El experto en Salud Pública y ex secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 recuerda que durante su mandato se aprobó la Ley General de Salud Pública (2011), que ya establecía la creación de ese centro estatal. «Esa ley, impulsada por el Gobierno al que yo pertenecía y aprobada por unanimidad, se elaboró tras la pandemia de la gripe A de 2009 y establecía las claves para prepararnos ante futuras pandemias. Pero en todos los años posteriores se incumplió ese mandato y esta pandemia ha aparecido sin haber hecho los deberes», explica Olmos, que aboga por que el anunciado centro sea «una agencia con autonomía técnica y con todos los recursos necesarios para afrontar las diferentes situaciones de alerta sanitaria a las que nos tengamos que enfrentar» y que, además, «incorpore y coordine» a las comunidades.

¿Qué se hizo mal durante la pandemia? Oficialmente, todavía nada, porque el comité de expertos que debe evaluar la gestión de la crisis apenas ha dado sus primeros pasos. Darias anunció en septiembre, 18 meses después del confinamiento domiciliario, los nombres de los cuatro especialistas que forman este grupo, cuya creación fue reclamada en agosto del 2020 por 20 científicos españoles de primer nivel en una carta en la revista 'The Lancet'. Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, fue uno de los firmantes de la misiva. «Lo ideal es que este análisis de la gestión hubiera comenzado en septiembre de 2020, de manera que, además, el ministerio y las comunidades hubieran podido seguir sus recomendaciones. A veces es bueno ir despacio, pero no tanto. La evaluación está yendo muy lenta, como otras muchas cuestiones en la pandemia», señala March.

La Atención Primaria era la joya de la corona sanitaria, pero la pandemia también la arrasó. La incapacidad de rastrear los contactos de los positivos, la concesión de citas para varios meses después de la petición o la saturación de los profesionales, que lideran las listas de contagios y de problemas de salud mental, demostraron que la Primaria era un gigante con pies de barro. En diciembre, el Consejo Interterritorial aprobó el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, que busca dotar a este área de más medios, pero los expertos se muestran escépticos. «Ya hacía falta antes de la pandemia, pero ahora es más necesario todavía un cambio radical en la Atención Primaria, con muchos más recursos, con dinero y con nuevos profesionales (psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales o fisioterapeutas). El problema es que nadie tiene que claro qué hacer con ella», apunta Joan Carles March.

Más de 33.000 residentes, prácticamente el 10% de quienes vivían en centros de mayores, han muerto por la covid. Convertidos en los agujeros negros de la pandemia, el Gobierno ha elaborado un borrador para una ley de residencias que obligará a que los nuevos geriátricos tengan solo 90 plazas o a que el 65% de sus habitaciones sean individuales. Pero estos planes no convencen a la patronal, que considera que sus propuestas han sido arrinconadas. «Se plantea un modelo nórdico, pero que se pague como español, y eso no puede ser», asevera Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).