Darias deja en manos de las comunidades la implantación del pasaporte covid

Pero como las tres condiciones son subjetivas, crecen las dudas de los gobiernos autonómicos, que temen sufrir un revés de sus respectivos tribunales superiores de justicia. Por eso, varios presidentes exigieron a Sanidad directrices nacionales a la hora de decretar nuevas restricciones. El último de ellos fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que reclamó al Ejecutivo central que «ejerza el liderazgo que le corresponde» y tome una decisión sobre el certificado covid «en coordinación» con las comunidades. Antes, el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, o el presidente de Aragón, Javier Lambán, se habían expresado en este sentido. Si lo apoyara el ministerio, dijo el socialista Lambán, «se facilitaría mucho su posible aplicación en cada comunidad».

«Hay un camino abierto», insistió Darias, que considera que es cada autoridad sanitaria autonómica, en función de la situación de la pandemia en la comunidad respectiva, la que debe seguir la pauta establecida por el Supremo. El 14 de septiembre, el Alto Tribunal permitió por primera vez usar el pasaporte covid para impedir a los no vacunados el acceso a lugares públicos, una medida muy extendida en otros países europeos. En ese caso, el alto tribunal estimó el recurso de la Xunta de Galicia y autorizó la posibilidad de exigir este salvoconducto para entrar en los establecimientos de ocio y restauración de la comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo. El Supremo indicó que se trata de una medida «idónea, necesaria y proporcionada» para evitar nuevos positivos en caso de elevado riesgo de contagio y de forma temporal.

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Pero previamente, en agosto, el Alto Tribunal había rechazado una petición similar de la Junta de Andalucía porque entonces, según argumentó, el Ejecutivo de Juanma Moreno no supo justificar la necesidad de esta medida en todo el territorio de su comunidad de «forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución».

País Vasco, con una incidencia que este miércoles se situó en los 201 casos, fue la primera comunidad que afirmó, el martes, que iba a consultar a su tribunal superior de justicia sobre la implantación del pasaporte covid. Ahora, los jueces vascos deberán decidir si esa incidencia es suficiente para dar luz verde al certificado. Por si acaso, 22.000 vascos pidieron su pasaporte en las 24 horas posteriores al anuncio de su gobierno, cuando la media diaria antes era de 2.000.