La lucha contra el virus también se librará en 40 millones de teléfonos móviles

El estudio será similar al puesto en marcha por el INE en noviembre del año pasado –y que también despertó polémica– para recopilar datos estadísticos de movilidad urbana en España y que «en ningún caso», servirá para controlar los movimientos de los españoles durante la cuarentena, tal y como desmintió el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, que calificó esas afirmaciones de «nuevo bulo».

La norma entró en vigor el pasado sábado 28 de marzo, con su publicación en el BOE. En ella se promovían dos iniciativas distintas: la creación de una aplicación móvil para ayudar a quienes dudan si han contraído el coronavirus y la elaboración del mencionado estudio.

Algunos expertos creen que los recelos por ceder esta información a las autoridades sanitarias, que han sido agitados también por algunos partidos como Vox para atacar al Gobierno, «no deben suponer un freno porque la protección de datos no está pensada para impedir acciones que pretendan dar salida al interés público, en este caso poner fin a la pandemia», explica a este periódico Eduard Blasi, profesor de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya especializado en Protección de Datos.

Tanto la Unión Europea, de la que partió la iniciativa como la Agencia Española de Protección de Datos han dado el visto bueno a la medida al considerar que, en determinadas circunstancias, como el caso del control de una pandemia, deben anteponerse derechos fundamentales como la salud. «Pero siempre que los datos que se traten sean los mínimos para alcanzar el fin que se persigue. La geolocalización puede ofrecer solo un punto en el mapa o, si es necesario, el trazado de la persona podemos ver si esta ha acudido, por ejemplo a un centro sanitario o de culto», apunta Blasi, que destaca la temporalidad, la limitación y el anonimato como las tres claves de este sistema para evitar posibles casos de estigmatización.

En otros países como China o Corea del Sur también se lleva haciendo uso de este tipo de tecnología desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, su caso es muy diferente a la medida propuesta desde el Ministerio de Sanidad y se entromete más en la privacidad individual de la población. En ambos países, los ciudadanos han de acceder a una aplicación para el móvil que les informa si se han cruzado con alguien contagiado o alguien sospechoso de serlo clasificándolos mediante puntos de colores en el mapa: el verde (identifica a los sanos); el rojo (destinado a los infectados) y el amarillo destinado a quienes residen cerca de otros contagiados.

Los datos se cruzan con la temperatura corporal del individuo, que se mide al entrar en edificios oficiales o medios de transporte y que se suma, en el caso chino, al sistema de control ciudadano urbano por vídeo. «En ningún caso, en el contexto de la Unión Europea, podría quedar legitimado en el escenario actual este modo de actuar», señala Blasi.

En el caso español, en cambio, la aplicación móvil planteada será por el momento de descarga y uso voluntario, en el que el usuario podrá autodiagnosticarse mediante un cuestionario para evitar congestionar los teléfonos de emergencia de las distintas autonomías. Algo que ya pusieron en marcha la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña por primera vez durante la crisis y han replicado otras regiones y ayuntamientos.

Para llegar al nivel de control de Corea del Sur o de China sería necesario también que se extendieran los test rápidos de detección de la enfermedad a la mayoría de la población, cosa que no sucede por ahora. Pero en futuro, el Gobierno no descarta poder localizar los focos de contagio gracias a este tipo de tecnología para levantar gradualmente el confinamiento por segmentos de población o grupos de riesgo y edad, dependiendo o no de si hubiera un repliegue del coronavirus una vez se levanten las restricciones decretadas por el estado de alarma.