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El Congreso dará hoy por unanimidad el primer paso para crear una baja y un permiso especiales para dar tranquilidad y protección a los españoles que donan órganos en vivo para hacer posible un trasplante de riñón o de hígado, muchas veces necesitado con urgencia ... por un familiar o allegado.
El pleno, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aceptará esta noche comenzar el trámite para la aprobación de una proposición de ley del PSOE que tiene como finalidad que este gesto de altruismo absoluto no suponga coste laboral o económico alguno para quien lo realiza, situación que la legislación actual no garantiza.
La futura protección legal del donante vivo, que ahora iniciará el debate de enmiendas, es una reforma reclamada desde hace años tanto por la asociaciones de paceintes como por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), por entender que muchos de estos ciudadanos sufrían perjuicios y quebraderos de cabeza en su puesto de trabajo y en su vida como consecuencia de su generosidad.
La reforma legal, si llega a buen puerto como parece, garantizará que cualquier persona cobrará el 100% de su salario durante todos los días que tenga que tenga que ausentarse de su puesto de trabajo para realizar la donación (desde la primera sesión informativa hasta el último día de su recuperación médica) y que ninguna de estas ausencias podrá acarrearle un perjuicio laboral y menos el despido.
La ley, que entraría en vigor a los tres meses de su publicación el BOE, para dar tiempo a la Seguridad Social y los distintos ministerios a preparar su aplicación, no solo busca evitar daños y dar seguridad al donante en vivo sino que este respaldo fomente esta clase de cesión de órganos que en España permite cada año más de 400 trasplantes.
La primera de las reformas previstas dará cobertura legal, laboral y económica a todas las ausencias del trabajo que sean necesarias para realizar la fase inicial de la donación, los preparativos. El Estatuto de los Trabajadores y el del Empleado Público recogerán un permiso retribuido y obligado que abarcará todas las ausencias laborales (horas o jornadas) que sean precisas para recibir información sobre la donación y sus consecuencias, realizar los informes y exámenes médicos para conocer la idoneidad y compatibilidad como donante y para materializar el consentimiento «expreso, libre y consciente» ante el juez.
La segunda reforma modificará las leyes que regulan los distintos regímenes de la Seguridad Social para crear una nueva situación especial de incapacidad temporal para el donante de órganos en vivo que engloba toda la convalecencia, desde que se inicie la preparación médica para la cirugía de extracción del órgano (o fragmento, en el caso del hígado) hasta que se encuentre recuperado y reciba el alta. Esta baja médica específica no precisará período mínimo de cotización alguno para poder aplicarse, cubrirá el 100% del salario desde el primer día al último y abonará tanto los días de incapacidad ininterrumpidos como los de carácter discontinuo.
Hasta ahora, la legislación vigente lo más garantiza a los españoles que realizan esta clase de donaciones es una baja médica ordinaria desde el ingreso para la cirugía hasta el alta, con posible pérdida de los primeros días de sueldo y sin cobertura legal ni económica ni blindaje contra despidos para las muchas ausencias laborales que le exigirán los preliminares médicos y administrativos.
La donación en vivo solo es una parte pequeña de la actividad de los equipos trasplantadores españoles, cuya fuente principal son las autorizaciones de extracción de familiares de fallecidos, pero cada vez tiene más relevancia. España es desde hace más de treinta años el líder mundial en donaciones de órganos (con 49 donantes anuales por millón de habitantes) y realizó en 2023, gracias a los profesionales sanitarios y a la calidad de un reloj suizo con que funciona la ONT, casi 6.000 trasplantes, lo que le convirtió el segundo país con mayor actividad en este tipo de cirugía, solo por detrás de Estados Unidos, con 122 intervenciones por millón de habitantes.
Fueron donantes vivos los que permitieron 433 de los 3.688 trasplantes de riñón realizados el año pasado, lo que supone ya un 12% del total. Y algo incluso más importante. Las donaciones de riñón en vida aumentaron en solo doce meses un 24%. Las aportaciones de fragmentos de hígado -con mayor riesgo y secuelas para el donante- son aún mínimas. En 2023 permitieron dos trasplantes, el 0,15% de los 1.262 hepáticos.
La donación de órganos en vida proporciona a sus receptores excelentes resultados en términos de supervivencia y calidad de vida, según las autoridades sanitarias. Se trata de un acto que alivia la presión de la lista de espera para trasplantes y representa un importante ahorro para el Sistema Nacional de Salud. A los cinco años de haberse realizado, el trasplante renal genera un ahorro medio de 160.000 euros por paciente en comparación con la hemodiálisis y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal.
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