Todas las comunidades peninsulares se conjuran para encerrarse en Semana Santa salvo Madrid

No obstante, la decisión final sobre las vacaciones se tomará el miércoles de la próxima semana cuando la inmensa mayoría de las consejerías autonómicas darán su visto bueno en el Interterritorial al documento preparado, a petición de la ministra Carolina Darias, por la Comisión de Salud Pública. Un texto, que se presentará este jueves, y en el que Sanidad planteará que las comunidades se mantengan cerradas, tal y como en la actualidad están todas salvo los dos archipiélagos, Extremadura y Madrid. Con la Semana Santa dada por perdida, la práctica totalidad de las consejerías autonómicas ya avanzaron que van a apoyar sin reparos la propuesta de Sanidad.

Los contactos de los últimos días para intentar convencer del cierre a Madrid (la comunidad que más laxa se ha mostrado en las restricciones contra la pandemia y que tiene la incidencia acumulada más alta de todo el país con 261casos) durante este miércoles se tornaron directamente en maniobras para 'aislar' al Gobierno de Ayuso con el fin de que su propuesta de mantenerse abierta no provocara una fisura entre otras comunidades tentadas de recibir algo de turismo procedente de la capital de España.

La cruzada para hacer el vacío a Ayuso y dejar en papel mojado su decisión de no perimetrarse estuvo encabezada por la Comunidad Valenciana, que movilizó a las regiones colindantes (Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Baleares) para cerrar sus fronteras ante la 'amenaza' madrileña. Otras comunidades encabezadas por el PP (como Castilla y León y Andalucía) no llegaron a sumarse a ese frente, pero anduvieron cerca.

El detonante de la campaña contra Ayuso fueron las propias declaraciones de la presidenta antes del consejo. «De momento, el toque de queda no se mueve y la región no cierra. Pero serán nuestros sanitarios quienes nos indiquen el camino». «Por ahora la actividad va a quedar como hasta ahora. No veo mal que haya ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países que vienen a nuestros museos, o a mover la economía a través de los restaurantes, siempre que se cumplan y en todo momento las recomendaciones sanitarias», insistió, al tiempo que mostró sus reticencias a los cierres perimetrales como técnica para frenar la transmisión. «Abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas».

«No soy partidaria de cerrar si la situación es buena y creo que es positivo que pueda haber ciudadanos que puedan ir a su segunda vivienda o venir a Madrid a mover la maltrecha economía si se cumplen las normas», reiteró la presidenta, desmarcándose claramente de la oleada de comunidades que estaban pidiendo el cierre de todas las autonomías, anunciando que mantendría su perimetración autonómica o reclamando al Gobierno central que impusiera la prohibición de movimientos interregionales.

En el interior del Interterritorial se escucharon palabras gruesas contra Madrid, especialmente desde Extremadura, la única comunidad que ha logrado situarse –hoy mismo- en 50 casos de incidencia acumulada, el objetivo marcado por Sanidad para convivir con el virus. El Gobierno de Guillermo Fernández Vara pidió incluso una «orden vinculante» para forzar a todas las regiones a encerrarse.

Darias, sin embargo, quiso quitar hierro a las críticas para intentarse atraerse a Madrid dentro de una semana a un «acuerdo unánime». «Tenemos que dar una respuesta de país, homogénea y conjunta, que nos permita seguir salvando vidas», explicó la ministra. «Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas», apuntó la responsable de Sanidad que, aunque apuntó que España sigue en el «camino adecuado», lo cierto es que el descenso de la transmisión se ha ralentizado.

La ministra insistió en que la ocupación de las UCI, todavía por encima de un 26% a nivel nacional, es aún «muy alta», hasta el punto de que en España «no estamos en condiciones de absorber una nueva ola». Darias, que insistió en su llamada a la «prudencia», la «responsabilidad» y la «prudencia», abogó por medidas para «limitar la movilidad y los contactos sociales» y no quiso avanzar qué hará el Gobierno central si Madrid sigue negándose a sumarse a una «declaración de acciones coordinadas». En cualquier caso, avisó veladamente a Ayuso que Moncloa considera que cualquier decisión aprobada en el Interterritorial es de obligado cumplimiento para los gobiernos regionales.