Las Comunidades Autónomas asumen las residencias de mayores privadas

La unificación de los centros de ancianos bajo una única gestión busca replicar los mecanismos que ya se emplean en el sector sanitario, y entra dentro de las atribuciones del decreto de alarma.

«Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas», había anunciado previamente Sánchez a los presidentes autonómicos, garantizando que van a disponer de todos los medios materiales y humanos que sean requeridos. Se busca, dijo Sánchez, revertir la saturación de las residencias públicas y evitar más contagios. Por tanto, ante la situación de riesgo de este grupo vulnerable se pretende mejorar su calidad de vida, aunque se siga el protocolo de aislamiento impuesto hasta ahora. «Vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las competencias de las residencias de mayores, sean públicas y privadas», anunció el presidente de Gobierno en su alocución pública. La medida de disponer que todas las comunidades autónomas se hagan cargo de las residencias de mayores privadas busca proporcionarles una protección adicional, en un momento crítico en que se están instalando unidades de cuidados intensivos.

La orden de intervención de las residencias de mayores se extienden también a todos los centros cuya integridad del servicio no sea óptima, ya sea porque no tienen capacidad de asumir la crisis, o falte el personal que garantiza las medidas preventivas, sanitarias y de aislamiento.

En esa línea de asistencia se incluye la actividad de la Unidad Militar de Emergencia, que desde hace unos días está desinfectando los centros y sus zonas adyacentes. «Todos tenemos familiares mayores», decía un soldado empleado a fondo en estas tareas, durante la desinfección de una de las 21 residencias de mayores a la que han acudido el domingo en la Comunidad de Madrid.

El día anterior habían realizado estas labores en otras nueve, según aseguró Miguel Villarroya, jefe del Estado Major de la Defensa (JEMAD). Esta misión continuará a otros centros en otras regiones, y será coordinada por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que recopilará los datos suministrados por las autonomías.

Los 2.800 efectivos desplegados por la UME también están efectuando test rápidos dentro de las residencias de ancianos y otras poblaciones vulnerables. Se quiere así identificar los casos positivos, aunque estén asintomáticos, y aislarlos.

La medida se toma por las quejas de los familiares de los residentes y, sobre todo, por los propios empleados de los centros, que denunciaban que no se sustituía el personal de baja. Ahora el MInisterio de Sanidad les obliga a reportar esas necesidades a las Consejerías de Asuntos Sociales que está obligada a responder de inmediato, según una instrucción publicada por el Ministerio de Sanidad. Los mayores de 60 años son los más afectados con la sintomatología más grave del COVID-19. El 68% de los que están en la UCI son de este grupo de riesgo, con una mortalidad de casi 18% para los mayores de 80 años.