Una asociación demanda al Gobierno español por la muerte de decenas de británicos que tomaron Nolotil

La asociación, que presentó su demanda contra el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en la Audiencia Nacional el 14 de noviembre, ha identificado 350 casos sospechosos de agranulocitosis entre 1996 y 2023, incluidos los de 170 británicos que han sufrido sepsis, fallos orgánicos y amputaciones. Y ADAF también está examinando 40 muertes que el fármaco ha podido provocar o por lo menos, en las que ha podido contribuir al fallecimiento.

El metamizol, comercializado por primera vez en Alemania en 1922, es un analgésico y antipirético (contra la fiebre) vendido desde hace más de 50 años en España con diferentes nombres comerciales (el actual, Nolotil), según explica la Aemps. Es el fármaco más vendido de España, con más de 24 millones de unidades al año, que se indica como analgésico frente al dolor agudo moderado o severo, y como antipirético cuando otras alternativas no son eficaces.

Pero entre los efectos secundarios del metamizol está la agranulocitosis, que se produce cuando hay pocos glóbulos blancos en la sangre, que ayudan a combatir las infecciones. Esta afección no tiene la misma prevalencia en todos los grupos de pacientes, según registran algunas investigaciones, entre ellas, un informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de diciembre de 2018, que subraya que «el potencial para inducir agranulocitosis puede estar asociado con las características genéticas de ciertas poblaciones».

A raíz de este estudio de la EMA, la Aemps publicó el 30 de octubre de 2018 una nota informativa dirigida a profesionales sanitarios españoles en la que explicaba que la agranulocitosis es una reacción adversa de frecuencia «muy baja», pero reconocía que «su número se ha incrementado en los últimos años de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico». Y sobre todo, no descartaba que los pacientes de Europa del Norte la sufrieran con más frecuencia. «Aunque se ha discutido desde hace años sobre una mayor susceptibilidad para la agranulocitosis en la población del norte de Europa y se han estudiado ciertos factores genéticos, con la información disponible no se puede ni descartar ni confirmar un mayor riesgo en poblaciones con características étnicas específicas», aseguraba el documento de la agencia española. Entre otras recomendaciones, la Aemps pedía a los sanitarios «no utilizar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles (por ejemplo, en población flotante)», explican desde el Ministerio de Sanidad.

«Este medicamento ha destrozado la vida de muchas personas y debe ser retirado», cuenta a este periódico Cristina García del Campo, fundadora de ADAF, que exige nuevas investigaciones sobre el fármaco y que no sea administrado a enfermos británicos. «Desde 2018 los médicos han tenido más cuidado a la hora de recetar el Nolotil, pero no lo suficiente, e incluso se puede conseguir sin receta médica», continúa.

García del Campo, que trabaja como traductora médica en la localidad alicantina de Jávea, creó la asociación ADAF hace seis años, cuando un cliente, de origen irlandés, murió por sepsis y fallo multiorgánico en el hospital de Denia. A partir de ahí, comenzó a recopilar información sobre otros fallecimientos que había conocido en su entorno relacionados con la agranulocitosis y la sepsis, y descubrió un patrón común: todos los fallecidos habían consumido metamizol. Y cuando han sobrevivido, han sufrido graves problemas de salud. «Viví muy de cerca el caso de un hombre al que se le recetó Nolotil por un dolor de hombro. Perdió 22 kilos y estuvo 39 días en la UCI y cuando salió, ya nunca ha vuelto a ser el mismo, con todo tipo de secuelas», recuerda.

En 2009, el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga, ya había publicado una investigación en la que concluía que la agranulocitosis por metamizol es un efecto adverso que se da con mayor frecuencia en los británicos. Ahora, con esta demanda, la asociación busca tres objetivos: que se deje de prescribir, en particular, a personas de países en los que está prohibido; brindar «apoyo y justicia» a los afectados y promover cambios en los procedimientos de seguridad y regulación de medicamentos «para evitar que se administre o recete a pacientes contra su voluntad o sin su permiso». García del Campo denuncia que «no solo se sigue recetando en todos los hospitales y centros médicos de España por protocolo», sino que además «se están vulnerando los derechos de los pacientes, ya que se les da cuando han pedido expresamente que no se les dé, cuando pone en su historial que son alérgicos a este medicamento e incluso cuando están hospitalizados intentando recuperarse de una grave reacción a este fármaco, por tanto, poniendo su vida en peligro».