Los antivacunas tienen muy escaso predicamento en España

Lo certifica un estudio internacional, elaborado en nuestro país por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que constata que los españoles están a la cabeza mundial de la confianza en los investigadores y en su trabajo. La corriente bautizada como «populismo científico», en la que líderes de opinión como Donald Trump o Javier Milei son ejemplo de desprecio público a las aportaciones de los especialistas, tiene aquí un muy escaso predicamento.

La confianza de los españoles en las vacunas admite pocas dudas. Ocho de cada diez ciudadanos defienden que «son necesarias para proteger la salud de las personas» y que «funcionan bien para prevenir las enfermedades» contra las que se dirigen. Son entre ocho y diez veces más, según la pregunta, que quienes lo niegan. En nuestro país también son clara mayoría, más del doble, quienes piensan que los niños no reciben demasiadas vacunas y que no les causan efectos secundarios relevantes, así como los que entienden que el calendario vacunal y las obligaciones y conveniencias de inocularse estos sueros fijadas por las autoridades sanitarias responden al interés general.

España no solo es provacunas sino que las principales especulaciones y consignas de los conspiranoicos pinchan en hueso. Dos de cada tres encuestados niega que estos fármacos sean dañinos para los niños y que las autoridades lo escondan y el 55% rechaza que el Gobierno oculte un hipotético vínculo entre vacunas y autismo. En el primer caso los defensores de la supuesta conspiración sanitaria son cinco veces menos que quienes la niegan y un tercio en el segundo.

Donde los escépticos aumentan algo, aunque siempre en proporciones un 50% inferiores a quienes confían en las terapias, es en lo referente a la sinceridad y transparencia de las empresas farmacéuticas. En si engañan sobre el grado de seguridad y eficiencia que atribuyen a estos fármacos o si, incluso, falsifican parte de los resultados de sus investigaciones.

Esta fe en el trabajo de los expertos sanitarios es parte de la confianza general que los españoles demuestran en la ciencia y en los científicos. Son el séptimo país de los 68 participantes en este estudio que mayor adhesión muestran al trabajo de sus investigadores (cuatro sobre cinco), con un 71% de ciudadanos refractario al «populismo científico» y un exiguo 3,6% que aplaude sus cuestionamientos y teorías. La abundante fe en el saber científico no tiene diferencias reseñables por sexos, por lugar de residencia o por ideología, son mínimas por niveles educativos, pero sí hay más escépticos y conspiranoicos entre los más religiosos.

El 80% de los preguntados considera que las aportaciones de los científicos deberían orientar las decisiones técnicas del Gobierno, así como el estilo de vida individual, y una mayoría idéntica reclama más fondos para la investigación. Esta financiación debería servir para priorizar los avances que mejoren la salud pública, resuelvan problemas energéticos o reduzcan la pobreza, cosa que opinan que no siempre ocurre. Siete de cada diez ciudadanos defienden que la investigación juega un papel muy relevante en nuestra sociedad y destacan soluciones tecnológicas como la alta velocidad, los aerogeneradores o la inteligencia artificial, aunque también ven más perjuicios que beneficios en otras aportaciones como el 'fraking', la energía nuclear o la robotización del trabajo.

Los autores del estudio, al igual que con las vacunas, dedican un capítulo a preguntar por el cambio climático, el calentamiento acelerado del planeta provocado por las emisiones de CO2 y el desarrollo incontrolado, otro de los grandes cuestionamientos del populismo científico. El resultado es que más de la mitad de los españoles (54%) muestra su confianza en el trabajo de los científicos para combatir este fenómeno que amenaza a la humanidad y validan su diagnóstico de que está originado por la mano del hombre. Son entre el doble y el triple de quienes cuestionan las conclusiones de los especialistas. Los sentimientos más extendidos que causa la amenaza entre la población son la indefensión, el pesimismo y el enfado.

Una clara mayoría piensa que el Gobierno no hace lo suficiente para frenar el calentamiento global y que no actúa según le reclama la ciencia. Las medidas que más de siete de cada diez consultados piensan que las autoridades deben tomar son la protección de las zonas forestales, el impulso de las energías limpias (como la eólica y la solar) y la ampliación del transporte público. Sin embargo, son muy remisos a adoptar las recomendaciones que tocan al bolsillo, como aumentar los impuestos sobre el gas o los combustibles fósiles.

De lo que no albergan dudas sobre el 80% es de que el cambio climático es lo que provoca el incremento de las inundaciones, las olas de calor, las lluvias torrenciales, los incendios forestales y la sequía y de que todos estos fenómenos y catástrofes climáticas van a aumentar y ser más dañinas en los próximos años.