Andalucía anuncia una partida para los primeros trabajos de demolición del Algarrobico

«Vamos a empezar a recuperar ambientalmente una herida que lleva demasiado tiempo no sólo en el corazón de la provincia de Almería, sino de todos los andaluces» lanzó el presidente autonómico, Juanma Moreno (PP), durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. No dudó incluso en calificar la construcción del polémico hotel, considerado un símbolo del peor urbanismo salvaje, como «un atentado que jamás se tuvo que producir en Andalucía y que en épocas anteriores se autorizó», en alusión a los permisos recibidos inicialmente por las distintas administraciones locales y autonómicas.

De momento, salvo esa voluntad, poco se sabe de la partida que se destinará a esas primeras labores. En 2011, el Gobierno central y la Junta ya suscribieron un acuerdo para la demolición del hotel en función de sus competencias. En virtud del mismo, el primero debía hacerse cargo de la demolición física, mientras que al ejecutivo regional le tocaba gestionar la retirada de escombros y la restauración paisajística. El coste de esa demolición y desescombro estaba estimado entonces en 8,5 millones de euros. Pero la comisión bilateral no se volvió a reunir, por lo que esa cantidad podría estar desfasada. En cualquier caso, desde el PP andaluz ya han reclamado al Gobierno central de Pedro Sánchez que cumpla su parte del acuerdo y presupueste en sus cuentas para el próximo año una cantidad con la que poder empezar a recuperar la costa almeriense.

Desde Greenpeace, uno de los colectivos ecologistas que más ha luchado por la paralización del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas levantado a las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata, se felicitaron por el anuncio. «Supone el cumplimiento de más de dos docenas de pronunciamientos judiciales que dejaron claro que el hotel era ilegal y no puede ser legalizado en modo alguno», señaló Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de la asociación.

La organización reconoce la «voluntad política» después de años de inacción, pero no oculta su temor a que se trate de simple «postureo ambiental», recordando que el ejecutivo andaluz ha «debilitado» la normativa para priorizar los intereses urbanísticos por encima del medio ambiente y autorizado, por ejemplo, establecimientos hoteleros y campos de golf en espacios naturales como el Cabo de Gata, las playas de Vejer o las de Nerja.