Amnistía Internacional denuncia el abandono a los familiares de las víctimas de residencias

«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del Estado», lamenta el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, que acusa de inacción al Gobierno central, a los autonómicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial por «no haber hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados».

En concreto, la organización ha documentado cinco «violaciones de derechos humanos» cometidas contra las personas mayores en las residencias y por las que «nadie ha rendido cuentas»: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y al derecho a una muerte digna.

Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las víctimas, «tal y como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo», señala Amnistía.

La entidad pone el foco en la Fiscalía General del Estado por no hacer públicos los datos de las diligencias penales abiertas «ni en qué consiste su actuación», ni aportar información sobre cuántas familias han sido entrevistadas, lo que «constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente».

Los datos publicados hasta el momento son parciales, y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales y «no a un ejercicio de Fiscalía General de tener un mapa completo de lo sucedido», continúa la organización.

En las conclusiones de Aministía tampoco sale bien parado el Defensor del Pueblo, que a juicio de la entidad, está perdiendo interés en seguir el caso de las residencias, y en el informe del 2021 «no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema».

Amnistía Internacional se muestra pesimista y cree que «nada va a cambiar» en el futuro. «Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos», señala Beltrán, que pide al Gobierno «un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas».

La entidad recoge el testimonio de Mercedes Huerta, que perdió a una familiar durante la primera ola de la covid en una residencia de Madrid: «Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir».