Amnistía Internacional denuncia el aumento de abusos policiales durante el estado de alarma

La organización, que afirma no entrar a cuestionar la efectividad o necesidad del estado de alarma para controlar la pandemia, asegura haber documentado durante los 196 días de esta situación de excepcionalidad casos de posibles abusos de autoridades frente a personas sin hogar o pertenecientes a grupos vulnerables, transeúntes «denunciados sin apercibimiento o con presencia legitimada en la calle», amenazas a periodistas» realizando su trabajo», actuaciones policiales «poco profesionales e incluso abusivas como bofetones, collejas, empujones a personas que no mostraban ni resistencia ni actitud violenta», limitaciones al derecho de manifestación pacífica y, sobre todo «acceso a domicilios sin órdenes judiciales previas».

«Desde que se decretó el primer estado de alarma, Amnistía Internacional mostró preocupación por el hecho de que las fuerzas de seguridad adoptaran un enfoque eminentemente coercitivo en sus actuaciones, y por la falta de criterios claros para llevar a cabo su función, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas», apunta el informe conocido hoy.

IA, que no da cifras exactas de esos presuntos abusos bajo el paraguas de la normativa que ahora acaba, sí que revela que durante el primer estado de alarma (marzo a mayo de 2020), documentó 61 casos de personas que habían sufrido «violaciones y abusos contra los derechos humanos». «Durante el segundo estado de alarma, y pese al relajamiento de las restricciones a la libertad de circulación, las fuerzas de seguridad continuaron realizando actuaciones parecidas», zanja el documento.

Amnistía Internacional se muestra especialmente preocupada por las imágenes que ha revelado la entrada de agentes en domicilios (en muchos casos pisos de alquileres turísticos) para abortar supuestas fiestas ilegales. La institución de defensa de los derechos humanos admite que, en el contexto de emergencia sanitaria, «la policía ha tenido que hacer frente a diversas circunstancias que requieren de cierto grado de discrecionalidad por parte del agente a la hora de dar una respuesta adecuada». No obstante –subraya- «ninguna circunstancia excepcional puede dar lugar ni justificar ningún desvío del cumplimiento de los estándares internacionales».

Amnistía Internacional asegura que recibió ya durante el primer estado de alarma información de cuatro situaciones en las que agentes de distintos cuerpos policiales accedieron a domicilios particulares sin mediar orden judicial y sin todas las garantías y que este tipo de actuaciones se han seguido repitiendo durante el periodo que ahora termina.

«El derecho a la inviolabilidad del domicilio es reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española, y el TribunalConstitucional ha establecido que por 'domicilio' debe entenderse cualquier espacio cerrado donde una persona desarrolle su vida privada tanto de manera habitual como transitoria» por lo que en opinión de Amnistía Internacional «no es aceptable» la versión que ha sostenido el Ministerio del Interior de que las fuerzas de seguridad pueden allanar sin problemas apartamentos turísticos. La organización considera «imprescindible que se abra una investigación» en particular sobre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía el 21 de marzo en un piso turístico de Madrid, en el que los funcionarios acabaron entrando a golpe de ariete y ante la negativa manifiesta de los moradores, tal y como se recoge que se difundió de forma profusa en las redes sociales.