Acaba la alarma que apaciguó dos olas pero que no frenó el tsunami navideño

La realidad, sin embargo, ha sido mucho más compleja durante los 196 días que ha durado esta situación de excepción. Aunque la mayoría de las autonomías aplaudieron este tercer estado de alarma de la pandemia -solo Madrid se opuso abiertamente-, al final la cogobernanza prometida por el Gobierno central se diluyó en un Consejo Interterritorial en el que el Ministerio de Sanidad ha acabado imponiendo su voluntad el 90% de las veces, amparándose en un sistema de votación mayoritaria inexistente.

Durante estos seis meses y medio la inmensa panoplia de restricciones, limitaciones, reglas y normativas dictadas por el Interterritorial o las comunidades bajo el paraguas del estado de alarma en muchas ocasiones han convertido en un galimatías el día a día de los ciudadanos, incapaces de discernir si podían abandonar en ese momento su pueblo, si podían reunirse 4 ó 6 personas, si en el interior o en el exterior, cuál era la hora de vuelta a casa. Aquel arsenal de recortes de derechos fundamentales ha tenido efectos dispares: sí que ayudó a embridar dos de las olas, pero no logró frenar el temido tsunami navideño.

Es cierto que el estado de alarma logró apaciguar la segunda embestida del virus que crecía justo cuando entró en vigor. Aun así aquella segunda onda llegó a los 25.595 casos en un solo día (el 30 de octubre), una cifra que entonces no tenía precedentes, aunque la capacidad de detección durante la primera ola era mucho menor.

Las draconianas medidas a las que se apuntaron finalmente casi todas las comunidades (hasta el punto de que el puente de Todos los Santos se encerraron en sus comunidades 40 de los 47 millones de habitantes del país) solo lograron que la curva se convirtiera en valle a mediados de diciembre, a las puertas de la Navidad, tras las semanas más duras de restricciones desde el confinamiento total de primavera de 2020, incluido el sacrificio del gran puente de la Inmaculada. Todo ello en pos de «salvar la Navidad».

Aunque ese estado de alarma sirvió de paraguas para que las comunidades pactaran, bajo la tutela de Sanidad, una Navidad de una frugalidad social sin precedentes (solo en familia, con toques de queda, sin cotillones y con fechas limitadas para viajar entre comunidades), el esfuerzo no valió la pena. Esa mínima relajación de medidas desató una tercera ola de dimensión mucho mayor de la esperada. Aquello reavivó las críticas contra el Gobierno central, sobre todo por parte de la comunidad de Madrid, por haberlo confiado todo a los confinamientos de grandes perímetros como los autonómicos.

La tercera embestida batió todos los récords oficiales a pesar de la vigencia de la alarma que ahora acaba. El 21 de enero España marcó el máximo histórico de nuevos contagios en un solo día con 44.357. El 27 de enero la incidencia acumulada rozó los 900 casos (exactamente fueron 899, 93), casi cuadriplicando los límites máximos que marcan la situación de «riesgo extremo». Bajar de esas altísimas cotas costó más de un mes y medio de encierros perimetrales todavía más duros, toques de queda ampliados y restricciones adicionales a las reuniones. Todo, a la sombra del omnipresente estado de alarma.

Pero los sacrificios bajo la protección de la legislación de excepción no habían acabado y Sanidad ordenó también dejar la Semana Santa en nada. Al final, dos semanas de cerrozajos, nada de celebraciones, prohibiciones de reuniones, ni una procesión... En suma, otras vacaciones en blanco. Pero esta vez sí las restricciones parecieron tener efecto. La cuarta ola llegó, pero, como dijo Fernando Simón, se quedó en «olita», con una incidencia acumulada que se estancó en 235 casos en la tercera semana de abril, cuatro veces menos que la tercera embestida.

Sin embargo, según muchos expertos, la contención de la pandemia ya no fue solo mérito del estado de alarma, sino que pesó mucho la creciente proporción de población vacunada o inmunizada de forma natural tras haber contraído la enfermedad.

Además, cada vez más, las restricciones, en particular las perimetraciones provinciales y autonómicas bajo el paraguas del estado de alarma, fueron contestadas por muchos epidemiólogos que se preguntaban qué sentido tenía forzar a millones de personas a no salir de un determinado territorio cuando llegaba el buen tiempo, obligando a compartir abigarrados espacios como playas o centros urbanos, sobre todo en metrópolis como Madrid o Barcelona.

En Sanidad, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) o en la Comisión de Salud Pública hacen un balance «positivo al 100%» de estos casi 200 días de estado de alarma y aseguran que sin esta herramienta la pandemia habría alcanzado cotas «inimaginables». Pero, en realidad, saber qué hubiera pasado sin legislación de excepción es una pregunta a la que nunca se podrá responder. No hay precedentes en la historia de España y todos confían en que no haya que repetir otro estado de alarma para contener otra crisis sanitaria de esta envergadura.