El laberinto infinito de la talidomida

Entiende la sala que a pesar de la entrada en vigor del real decreto que reconoce los efectos de esta enfermedad en 24 personas, la prescripción ya se había producido. "Una cosa es el reconocimiento oficial de la condición de afectado, lo que es igual, la confirmación de un estado de salud que ya existía con anterioridad, para beneficiarse de las ayudas públicas, y otra distinta la prescripción, sobre la que nada establece", indica la sentencia, contraria a los deseos de este colectivo, que lleva años luchando para que la justicia le conceda unas indemnizaciones por los daños que les causó esos malditos fármacos que tomaron sus madres para las náuseas hace cinco décadas. La Sala Civil dio, además, una pista de lo que debe suceder a posteriori. "La solución al problema no está en estos momentos en los tribunales", indicó el fallo apoyado por ocho de los nueve magistrados. Francisco Javier Arroyo Fiestas dio su voto particular -la otra zanahoria- apoyando a los demandantes, que también han encontrado un aliado en el Parlamento andaluz.

Todos los partidos de la Cámara apoyaron una iniciativa del PSOE (con enmiendas del PP e IU) para que se reconozca a 54 víctimas de la talidomida y se les concedan ayudas sociales y económicas. Además, los partidos instaron a la Junta de Andalucía a que a las madres y los padres de estas personas afectadas se les conceda la Medalla de Andalucía 2016. Esta decisión puede aliviar la situación actual del 10% de los enfermos.

La Asociación de Enfermos de la Talidomida en España (Avite) calcula que hay unas 500 personas afectadas vivas, aunque la cifra de enfermos con deficiencias físicas a lo largo de estos años en España supera las 3.000. Una cifra, no obstante, escasa. "En el juicio, Grünenthal reconoció haber traído 40 kilos de talidomida a España. Con esto se fabrican 1,8 millones de pastillas y solo una sirve para provocar las deformidades", explica Rafael Basterrechea, uno de los responsables de Avite. La sentencia del Supremo supuso un "varapalo" al colectivo, pero también ha demostrado la fortaleza del mismo. "Somos una familia porque todos somos iguales", indica.

Ahora, espera que los abogados presenten ante el Constitucional el recurso a la decisión del Supremo; si lo rechaza, irán directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si el alto tribunal acepta el caso, como mínimo los talidómicos deberán esperar un lustro a que haya una sentencia que, si es contraria, les llevará a Estrasburgo. "Según están las cosas es más fácil ganar en Europa que aquí. Nos puede decir el juez una cosa y el político otra. Algo no encaja", comenta Barrenechea, que, como otros compañeros, están iniciando una campaña por las redes sociales en busca de más apoyo y de reconocimiento, que no llega por parte de la Fundación Contergan.

Esta organización, creada por el Gobierno alemán y la farmacéutica en los años setenta tras la condena millonaria a Grünenthal -que declinó hacer declaraciones-, reconoció a la asociación de afectados que atiende a diez personas, aunque Avite solo conoce el caso de cinco españoles: cuatro de ellos eran nacidos en Alemania y un quinto "tenía la caja que se había tomado su madre" desde hace cuatro décadas.

Una cifra que, a pesar de los intentos, no sube por todas las «trabas» que pone la fundación. "Desde hace tres años exige que toda la documentación se tiene que mandar en traducciones juradas al alemán. Gente que está viviendo en la calle tiene que pagar cien euros por cada folio. Y nuestros expedientes médicos no son precisamente cortos", señala Basterrechea. "La fundación se tiró dos años para contestarme y lo hicieron en cinco líneas en alemán con un traductor automático", apunta el responsable de Avite. "Incluso a las 24 personas que estamos reconocidas en España oficialmente por parte del Instituto Carlos III a través del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas no les valemos", apunta Barrenechea, que defiende todavía negociar con la empresa una ayuda económica para compensar a los centenares de afectados.