La Plataforma del Tercer Sector reclama un plan contra la pobreza de 1.000 millones anuales

Entre estas propuestas destaca la formulación de los derechos sociales, culturales y económicos como derechos fundamentales, adaptando el marco constitucional al derecho internacional. De forma indirecta estamos diciendo que los excluidos deben ser reconocidos, ha apuntado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.

Esta organización también quiere modificar el título octavo de la Carta Magna para que el Estado pueda disponer de una competencia de naturaleza compartida con las comunidades autónomas con las comunidades autónomas para desarrollar política en ámbito estatal en materia de solidaridad e inclusión social. Estamos pidiendo una ley estatal que complemente a la legislación regional. No queremos quitar competencias, sino que las prestaciones sean equitativas en todo el territorio, ha explicado Poyato. Por ejemplo, si se establece una media de prestaciones, el Gobierno central debería completar esa cantidad en aquellas regiones donde no se complete; aquellas que llegan por sí solas, no habría actuación estatal.

Otro de las ideas que se van a plantear a los partidos políticos con representación parlamentaria y a los que no es que se establezca un gran pacto contra la pobreza, un fondo estatal que cuente con 1.000 millones anuales de presupuesto que vaya a financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la sociedad y una renta mínima que esté cercana al Salario Mínimo Interprofesional. Además, ha comentado Poyato, son necesarios cursos de formación de empleo específicos para las personas más necesitadas. Y es necesario una ley de educación que, de verdad, acabe con el absentismo escolar, ha indicado el responsable de la plataforma, que también apoya la supresión del real decreto 16/2012 que recorta la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles.