El FMI insta a España a permitir el copago en sanidad y educación

En el informe sobre la economía española correspondiente al Artículo IV, el FMI asegura que existe margen a nivel regional para ahorros fiscales y eficiencias adicionales, como por ejemplo reduciendo los costes de prestar los servicios públicos de educación y sanidad. En concreto, propone incrementar los poderes regulatorios de las comunidades autónomas para establecer copagos en estos servicios, aunque incide en que para mantener el acceso a ellos de forma asequible, deben "reducirse o eliminarse" para los grupos más vulnerables o para servicios sanitarios específicos, como prevención, enfermedades crónicas o inmunización.

Asimismo, el Fondo aboga por elevar los impuestos especiales y medioambientales y eliminar de forma gradual el trato preferencial en el IVA, con el objetivo de situar los esfuerzos recaudatorios de España en línea con los del resto de países europeos. En este sentido, defiende que medidas de estas características apoyan un consolidación fiscal favorable al crecimiento, ya que completaría el cambio en la política fiscal de España desde impuestos directos a indirectos iniciado con la reciente reforma. Sin embargo, el informe elaborado por el Fondo reitera que sigue siendo importante que se protejan los grupos más vulnerables de la población fortaleciendo el apoyo prestado a través de los sistemas fiscales y de transferencias.

Medidas "más ambiciosas"

El Fondo cree que los esfuerzos de consolidación se han reducido y ve necesario un ajuste estructural de alrededor de medio punto porcentual del PIB al año para garantizar el descenso de la deuda. Además, considera que, pese a que la recuperación ayudará a alcanzar los objetivos de déficit, las metas marcadas siguen siendo "complicadas". Por ello, la institución dirigida por Christine Lagarde ve necesario que se lleven a cabo "esfuerzos concertados" a todos los niveles de gobierno mediante medidas "más ambiciosas y mejor especificadas" que las que existen actualmente. En esta línea, insta al Gobierno a aprovechar cualquier beneficio extraordinario que surja de un aumento del crecimiento o de una reducción de los costes de endeudamiento.