Los sindicatos denuncian que policías con enfermedades graves están sin atención por los recortes del Gobierno

Todo fue normal hasta el mes de diciembre, cuando recibió la última sesión. La próxima sesión de quimio es en abril, y este guardia no sabe en dónde se la van a dar y hasta dónde se tiene que trasladar para recibir el tratamiento. El motivo es el recorte que el Gobierno decretó a partir del 1 de enero y que ha soliviantado a más de dos millones de funcionarios y sus familiares que se benefician de estos servicios. En la Guardia Civil, por ejemplo, puede acercarse a las 190.000 personas.

Por este motivo, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y CSI-F van a tomar una serie de medidas para revertir la situación y recuperar la situación anterior. "Compañeros de Melilla tienen que tratarse en la Península por un problema maxilofacial o ir de Ponferrada a León", ha ejemplificado Antonio Labrado, secretario general del CEP. El problema se agrava entre los guardias civiles que desarrollan su trabajo en zonas rurales. "Queremos que este Gobierno reflexione y que no nos trate como ciudadanos de segunda", ha indicado.

Esta decisión gubernamental está generando muchos problemas entre los funcionarios estatales que trabajan en numerosas provincias. "Interrupciones del tratamiento, problemas burocráticos... En definitiva, han complicado la vida cuando antes se hacía mucho más rápido", ha explicado Eliseo Moreno, de Acción Sindical de CSI-F. Un ejemplo es la madre de Enrique, enferma de cáncer a la que no se le asegura el tratamiento integral porque se ha roto el convenio entre la empresa privada y la aseguradora. "Pero a nosotros nadie nos ha dicho nada de forma oficial. Lo sabemos por los médicos y enfermas", ha denunciado el joven.

Los representantes de los funcionarios han iniciado una campaña de Change.org para recoger firmas, además de solicitar una reunión de urgencia con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que se cambie esta decisión. Además, acudirán al Defensor del Pueblo para pedir su amparo y a la Unión Europea para denunciar los recortes que sufren los funcionarios, en general, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en particular.