Un juzgado investiga si el Carlos III proporcionó la formación necesaria a los sanitarios

También pide al centro sanitario la relación de los asistentes a los cursos de formación y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus.

Por otra parte, reclama a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia, en la que se señalan posibles delitos contra la salud pública y contra la seguridad de los trabajadores.

En su resolución la instructora señala que "los hechos que resultan de las actuaciones presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Añade que "no estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable".

El Ministerio Fiscal ha detenido su investigación una vez que ha tenido conocimiento de que el Juzgado ha incoado diligencias por los mismos hechos y ha remitido a la magistrada todo lo que ha investigado, según le obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los médicos denunciaron que desde que la dirección de La Paz comunicó el 25 de abril a su Servicio de Medicina Intensiva que el hospital fuera designado centro de referencia para detección y tratamiento del ébola, los médicos empezaron a denunciar "la necesidad de una infraestructura, medios y formación".

Tras una carta remitida el 29 de abril al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, a los miembros de los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Medicina Intensiva se les prometió una formación adecuada mediante talleres prácticos, según los denunciantes.

En su lugar, señalan, el servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital ofreció "en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos de duración, a lo sumo, y la exhibición de unos trajes de protección que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas".

En agosto, ante la inminente llegada del primer misionero infectado y "la ausencia de los medios solicitados", volvieron a dirigirse el día 6 a la Consejería pidiendo la implantación de las medidas con urgencia máxima, algunas de las cuales fueron subsanadas al "reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia" en vez de La Paz, añaden.

Aunque el 8 de agosto el jefe de Servicio aseguró en un comunicado haber cumplido las peticiones, los denunciantes aseguraron que no fue así, ya que "la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente y del personal".

El escrito de denuncia añade que "los trajes de bioseguridad disponibles no son los adecuados" y que "tampoco se ha recibido formación adecuada sobre su colocación ni especialmente su retirada".

El 6 de octubre, tras una nueva reunión con la Subgerencia de La Paz se proporcionaron los trajes solicitados "pero no la formación y entrenamiento adecuados de todo el personal", ni tampoco la ampliación de las esclusas cuyo reducido tamaño dificulta la retirada de la vestimenta y descontaminación del equipo, añaden.