Comunidades y entidades locales recortaron 2.212 millones en servicios sociales entre 2011 y 2013

El informe asevera que este recorte no es consecuencia en exclusiva del empobrecimiento en general y las dificultades presupuestarias sino también del desinterés de las administraciones para recaudar y generar riqueza. Según esta asociación, en el intervalo entre 2011 y 2013, el Gobierno ha reducido su aportación a los servicios sociales en 937 millones (un descenso del 37,3%), las comunidades autónomas se han gastado 1.253 millones (-10,7%) y las entidades locales han reducido las partidas en 983 millones (-20,7%).

Es en diputaciones y ayuntamientos donde más impacto está teniendo la crisis, donde se han perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo. Además, los servicios más próximos han sido, por su parte, los más afectados. El servicio de ayuda a domicilio ha perdido 6.380 beneficiarios en un solo año, mientras que la teleasistencia ha perdido a 7.467 personas. Estos recortes suponen que ocho millones de usuarios estén más cerca del precipicio de la exclusión social, ha denunciado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien también ha señalado que la perspectiva para los próximos años es muy pesimista. En este sentido, Gustavo García, uno de los coordinadores del informe anual ha señalado que la reforma local afectará de forma drástica a los servicios sociales más cercanos y ha denunciado que en los dos últimos años ni planes estratégicos, ni leyes o catálogos para desarrollar estas normas.

Disparidad

El Índice DEC puntúa los derechos de los ciudadanos, los recursos económicos y la cobertura. En su último informe destaca la disparidad entre las diferentes comunidades. Sobre salen de la media tres: País Vasco, con una nota de 7,50 (sobre diez); Navarra (6,85) y Castilla y León (6,65). Otras tres regiones superan los seis puntos de valoración: Cataluña (6,15), La Rioja (6,20) y Asturias (6,35). Aprueba por los pelos Aragón (5,05), seguida por Castilla La Mancha (5,70) y Cantabria (5,85). Por el contrario, hasta ocho regiones suspenden: Extremadura (4,15), Andalucía (4), Baleares (3,85), Madrid (3,70), Galicia (2,85), Canarias (2,60), Murcia (2,10) y Comunidad Valenciana (0,60), donde la asociación afirma que se ha desmantelado todo.

El desarrollo es tan dispar que mientras en el País Vasco hay 127,76 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, en Extremadura existen 17,48. En Castilla y León, por ejemplo, hay 7,23 plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años; Murcia, por el contrario solo tiene 2,29. Para paliar estas desigualdades, los gestores de servicios sociales exigen al Gobierno una regulación para homogeneizar el sector.