Ricos y famosos, investigados por sobornos para que sus hijos entren en la universidad

Un total de 33 padres «pagaron enormes sumas de dinero para garantizar la admisión de sus hijos a algunas facultades a través del uso de sobornos y credenciales académicas y atléticas falsas», explicó el fiscal federal de Massachusetts, Andrew Lelling, al develar la investigación realizada durante diez meses en la que participaron cientos de agentes federales. Nueve entrenadores o exentrenadores deportivos de Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, la Universidad del Sur de California (USC), la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y la Universidad de Texas, en Austin, también figuran en la causa por presuntamente haber recibido cantidades de dinero a cambio de aceptar estudiantes.

Entre los inculpados no hay «por ahora» estudiantes, dijo el fiscal, que precisó que muchos ni siquiera sabían lo que hicieron sus padres. «Estos padres eran un catálogo de riqueza y privilegio. Incluyen por ejemplo presidentes de empresas públicas y privadas, exitosos inversores inmobiliarios y de valores, dos conocidas actrices, un diseñador de modas famoso y el codirector de un bufete legal internacional», precisó el fiscal de Massachusetts.

El acusado de liderar el esquema, William Singer, recibió 25 millones de dólares de padres en sobornos entre 2011 y febrero de 2019. Parte de los pagos a Singer -que llegó a cobrar hasta 6,5 millones de dólares para garantizar una admisión- eran hechos por los padres a KWF, una fundación caritativa creada por él. Eso les permitía además deducir impuestos de sus contribuciones «caritativas».

Singer, acusado de conspiración para delinquir, conspiración de lavado de dinero y obstrucción de la justicia, está previsto que se declare culpable, al igual que el entrenador jefe de vela de Stanford, John Vandemoer, anunció el fiscal. Singer enfrenta una pena máxima de 55 años de prisión, y Vandemoer de 20 años.

El fiscal Lelling destacó que 38 de los 50 acusados fueron detenidos en seis estados, y siete negocian su entrega. «Creemos que todos, padres, entrenadores y facilitadores, mintieron, hicieron trampa, y escondieron sus delitos a expensas de los estudiantes que trabajan duro y de contribuyentes», sostuvo.

Al parecer, según el Ministerio Público, Singer sobornaba a entrenadores para que aceptaran a estudiantes en sus equipos, y otras veces creaba perfiles atléticos falsos para los hijos de sus clientes, inventando logros deportivos y falsificando fotografías de los jóvenes haciendo deporte. El exentrenador del equipo femenino de fútbol de Yale, Rudolph Meredith, aceptó por ejemplo 400.000 dólares para recibir a una estudiante que nunca había jugado al fútbol de manera competitiva, según la acusación. Por ese servicio, la familia de la joven pagó a Singer 1,2 millones de dólares.

Además, Singer presuntamente cobraba entre 15.000 y 75.000 dólares por corregir respuestas erróneas de los exámenes de admisión universitaria de los hijos de sus clientes, o para que una persona se hiciera pasar por ellos para dar las pruebas. «No puede haber un sistema de admisión diferente para las personas adineradas», comentó el fiscal Lelling. «No puede haber tampoco un sistema judicial diferente para ellos».

Un acusado que colabora con la fiscalía y coordinaba el esquema contó que ofreció a la actriz Felicity Huffman sus servicios para que las respuestas erróneas del examen de admisión universitaria de su hija mayor fueran corregidas. Huffman está acusada de pagar 15.000 dólares por el test modificado de su hija mayor, y el FBI asegura que comenzó el mismo proceso para su hija menor, pero luego abandonó la idea por temor a levantar sospechas. El FBI grabó incluso una conversación telefónica de Huffman con el intermediario en la que discuten el tema.

La actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, también inculpado, son acusados de pagar medio millón de dólares para que sus hijas fueran incluidas en el equipo de remo de la USC, aunque no son remadoras.

Como los demás padres, Loughlin y Huffman enfrentan una pena máxima de 20 años de cárcel por el delito de transferencia fraudulenta de fondos, de lo que son acusadas.