Ribera se da cinco meses para desmantelar el regadío ilegal en el Mar Menor

Ribera, que también es vicepresidenta tercera del Ejecutivo de España, se reunió en la Delegación del Gobierno en la Región con representantes de colectivos vecinales, ecologistas y empresariales, así como las organizaciones agrarias. A mediodía acudirá al Palacio de San Esteban para entrevistarse con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. La ministra se comprometió a venir a la Región una vez por trimestre para realizar un seguimiento de las medidas.

El primer punto del plan ('Ordenación y vigilancia del dominio público hidráulico') contempla actuaciones como «el precintado y desconexión de las instalaciones de riegos en zonas sin derechos», con el fin de acelerar el desmantelamiento de las 8.500 hectáreas de regadío ilegal que tiene detectadas la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Esto costará 3,5 millones de euros. En ese sentido, Ribera señaló que se están reforzando los inspectores en la CHS, y se intensificará al máximo la colaboración con las comunidades de regantes, para que «antes de que acabe marzo de 2022» se desmantele el mayor número posible de hectáreas de regadío sin derechos reconocidos.

También se recoge «un programa de actuación en la masa de agua subterránea» (es decir, el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena), con 1,05 millones y un plazo de actuación hasta 2027, además de la revisión de las autorizaciones de vertidos de aguas residuales y un mayor control de la actividad ganadera.

El segundo apartado se basa en la 'Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor', con «soluciones basadas en la naturaleza». Aquí se incluye el llamado Cinturón Verde en la franja de 1.500 metros más cercana a la laguna salada, para lo que el Ministerio quiere modificar el uso de fincas en producción agrícola y destinarlas a otros fines más sostenibles, como humedales o filtros verdes. A este objetivo se destinan 30 millones de euros. Entre 2021 y 2022 se identificarán posibles emplazamientos, con el fin de tener ejecutado este Cinturón Verde en 2026.

En ese sentido, Ribera no habló de expropiaciones, sino que anunció un proceso de participación social, con los ayuntamientos ribereños, colectivos vecinales y pequeños agricultores, para buscar esas «soluciones basadas en la naturaleza».

También se contemplan actuaciones de renaturalización de las ramblas, la creación de corredores verdes y la conectividad de la red de drenajes. Es una de las inversiones económicas más importantes, con 70 millones. En ese sentido, se planifica una renovación de la impulsión en la Rambla del Albujón, que ya había anunciado la CHS, con 15 millones de euros.

Otra inversión potente es la destinada a la gestión de riesgos de inundaciones en los municipios de la ribera del Mar Menor, que tiene un presupuesto de 101 millones de euros y un plazo de ejecución hasta 2026.

Además, el programa recoge una serie de reformas normativas, entre las que se encuentra la aprobación de un Real Decreto de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de producción agrícola. También la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público, así como un decreto de nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

El establecimiento de ayudas a los sectores económicos más afectados y la mejora del seguimiento del ecosistema son otros puntos de la hoja de ruta de Teresa Ribera.

Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica presentó el plan 'Mar Menor 2050', en el que propone «un diálogo entre la sociedad civil, ciencia, empresas y resto de actores implicados» en la recuperación de la laguna salada, coordinada por la Oficina de Prospectiva de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su intervención, Teresa Ribera insistió en la necesidad de que todas las administraciones trabajen de manera coordinada para la recuperación del Mar Menor. Tiene la impresión de que el Gobierno de López Miras colaborará con el Ministerio, aunque definió algunas medidas propuestas por la Comunidad (como la apertura de la gola de Marchamalo) como «de poco sentido y dudosa eficacia científica».