Retrasos y llamadas por el 'dead name', incidencias en los registros civiles al cambiar de nombre y sexo

El alargamiento innecesario de las gestiones para la rectificación de nombre y sexo en los registros civiles es la queja más recurrente entre las personas que iniciaron este trámite. Algo más de la mitad (57%) acudieron al registro a cambiar nombre y sexo. Uno de cada tres, sólo sexo, y 15%, nombre. «Vemos desconocimiento y maltrato, en la violencia que reciben en espacios públicos, como un Registro Civil, y bajo una situación de poder, no de igualdad», advierte Natalia Aventín, presidenta de Euforia. «La arbitrariedad es bestial y sabemos que hay más casos que no han querido denunciar, porque la gente está agotada. Tienes que estar todo el día defendiéndote de la opinión de la gente».

En el informe fechado el 23 de mayo se reúnen varias de las «incidencias» denunciadas por las 68 personas que participaron en la encuesta en 22 provincias. «Lo que está pasando en los registros civiles es la falta de voluntad política por hacer cumplir la ley», afirma la activista LGTBI Mar Cambrollé, que participó en la recogida de testimonios junto a Euforia. «Es una falta de respeto a la identidad de las personas, al impedir el reconocimiento de un derecho».

Las incidencias más comunes son las dilaciones o demoras en la contestación (53%). «Inicié el trámite hace más de seis meses y no he tenido noticias», dice una persona que pedía «rectificación de mención registral de sexo» en Logroño (La Rioja). Luego aparece el «trato indebido» con «preguntas fuera de lugar» y «malgenerización» (21%): «Se dirigían a mí y a otras chicas trans por nuestro nombre anterior, en el pasillo y delante del resto de las personas», asegura otra denunciante que acudió al registro de Alcalá de Henares. Una de Madrid refiere: «Llaman las personas por el 'dead name', y es muy violento. No sé si es de maldad pura o ignorancia. Deben llamar por apellidos».

Además, uno de cada cinco alerta que no ha podido sacar la cita (19%). «Constantemente me pone en la web que no hay citas disponibles. Llevo meses intentándolo». «Hay un problema de tardanza o falta de acceso a las citas, que hace que se desconozca cuál es su situación», mantiene Aventín.

Los que quieren rectificar sexo o nombre o ambas también encuentran, como un muro que escalar, la exigencia de requisitos no contemplados en la ley (16%). «Durante tres meses me estuvieron mareando, solicitando papeles que no eran necesarios», acusa un afectado de Zaragoza. Por ejemplo, en Vigo, los funcionarios exigían facturas de compras 'on line', test del instituto, «conversaciones con mis amigos», comprobantes de cuentas de correo, notas de jefes, profesores o compañeros de trabajo, «todo con mi nombre escrito», para demostrar su «uso habitual».

Incluso, en un caso, «obligaron la presencia de la médica forense», dice una persona que inició su gestión en Valencia. «La jueza ni se leyó todos los papeles que tanto me costó reunir, pasaba las páginas como quien ve una revista por encima». «Para que se implemente la ley, pedimos que se sensibilice a los funcionarios con formación y que haya información en carteles», exige Aventín. «Se debe evitar la violencia en los mostradores de los que tienen prejuicios y poder».

Un 13% denunció el rechazo de la petición aun cumpliendo lo establecido en la ley (en algunos casos se aceptó en una segunda petición) y, por último, una décima parte de los afectados reportaron la imposibilidad de enviar la documentación por Correos. «Se han negado a admitir la solicitud. Al presentarla, el personal no tenía información y me pusieron dificultades para recogerla».

«Cuando se dificulta adecuar el nombre con el género que se siente y se vive, se vulneran los derechos», sentencia Cambrollé. «Nuestra dignidad se ve afectada en cada situación embarazosa cuando vas al médico, al correo, a la universidad y te llaman por el nombre anterior».