Los que reinventan la Historia

La reciente crisis de la covid generó corrientes variopintas que cuestionaban la existencia del virus, lo minusvaloraban o, como en el caso de Donald Trump, situaban su origen en un laboratorio chino. Una tendencia que ha sido calificada como la primera negacionista con carácter relevante de la era de internet. Unos y otros quieren reescribir la Historia y algunos se empeñan en reelaborar episodios tan dramáticos como los genocidios. Tal es el caso del politólogo y periodista franco-camerunés Charles Onana, condenado recientemente por cuestionar la veracidad de las masacres de tutsis cometidas hace 30 años por los hutus en Ruanda.

No ocurrió como lo retratan los historiadores, no sucumbieron tantos como asegura la versión documentada o fue el producto de la propaganda. Hay muchas maneras de poner en tela de juicio las operaciones de exterminio. El Holocausto, el más importante de estos hechos por el número de víctimas ocasionadas, ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones que, generalmente, exculpaban a los nazis o restaban muertos del cómputo global. A menudo, quienes propugnan un relato alternativo aceptan que se produjo el confinamiento de los ciudadanos judíos, pero achacan la mayoría de los decesos a la enfermedad y el hambre y no a una voluntad de aniquilamiento.

No son pocos y sus ideologías también difieren. La variedad de pelajes ideológicos caracteriza a los negacionistas de los crímenes nazis. El estadounidense Willis Carto, activista de extrema derecha, fue uno de los más dinámicos. Creó en 1979 el Institute for Historical Review (IHR) y la editorial Noontide, destinados a impulsar a los autores y textos contrarios a la existencia de aquellos centros de reclusión. Entre sus publicaciones destaca 'El mito de los seis millones' de David Hoggan.

El afán proselitista de este radical se trasladó a la política con la creación del partido America First. No fue el único ultraconservador que pretendió llegar a la Cámara de Representantes. El clérigo Gerald LK Smith, creador de Partido Unión, compartía un credo radical con ideas tan delirantes como que los seis millones de judíos presuntamente asesinados no perecieron en las cámaras de gas o por las brutalidades sino que emigraron a Estados Unidos.

Más sorprendente es la postura revisionista del pacifista y comunista Paul Rassinier. Este héroe de la Resistencia, recluido en Buchenwald tras ser capturado, puso en entredicho que se aplicara una política nazi de exterminio sobre los judíos. En las antípodas ideológicas, el historiador norteamericano Harry Elmer Barnes se valió de sus argumentos y de otros propios para criticar la versión oficial e, incluso, lamentar que Alemania Occidental se disculpara por los acontecimientos.

La respuesta a estos postulados se antoja complicada. «Es el gran dilema», reconoce Felipe Gómez, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto, investigador en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. ¿Dónde acaba la libertad de expresión y comienza el delito? «Una cosa es manifestar opiniones y otra, rechazar la realidad histórica», apunta el autor de 'El derecho a la memoria' y señala las semejanzas con la negación de los crímenes del franquismo o de ETA, comprendidos dentro de la apología del terrorismo. «Hay un derecho a la verdad, a conocer, y menospreciar esa realidad supone una revictimización, pisotear la dignidad de los afectados».

Esa convicción ha incentivado el curso 'Genocide and Mass Atrocities under International Law', iniciativa promovida por diversas universidades europeas, incluida la vasca, y que comprende una visita al campo de Auschwitz. «Cuando se ve una realidad la perspectiva cambia y se aprecia mejor la racionalidad y sistematicidad de los métodos empleados», indica y señala que «también se interpreta de otro modo al enfrentarse a la identidad de los recluidos porque dejan de ser un número».

Los tribunales han sido el ámbito donde se han dirimido los contenciosos derivados de este tipo de posturas revisionistas. En 1980 el IHR ofreció 50.000 dólares a quienes probaran que los judíos habían sido asesinados en cámaras de gas. El superviviente Mel Mermelstein, asumió el reto con un documento notarial que explicaba cómo había sido testigo de que su madre y dos hermanas habían sido conducidas a una de estas estructuras letales.

La entidad alegó que el texto no era prueba suficiente y el individuo la denunció por varios cargos, entre ellos, la negación perjudicial de un hecho establecido. En un documento previo al juicio, el juez Thomas T. Johnson aseguró que el crimen perpetrado en Auschwitz «no está razonablemente sujeto a disputa. Y es capaz de una determinación inmediata y precisa recurriendo a fuentes de precisión razonablemente indiscutible. Es simplemente un hecho». El fallo condenó a Carto y su institución a un pago por resarcimiento y a la emisión de una carta de disculpa a Mermelstein y sus compañeros por el «dolor, angustia y sufrimiento» causados.

Existe, a juicio de Gómez, una agenda política detrás de estas posturas. «Se percibe un antisemitismo muy claro», aduce y apunta a «un propósito agravado por la actual ola de populismo global». También menciona el caso del presidente argentino Javier Milei. «No niega los crímenes de la dictadura militar, pero minusvalora su alcance», indica.

En el caso de Charles Onana, la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo presentó en 2019 una denuncia por rechazar, en una entrevista televisiva, la comisión de crímenes contra la humanidad en el país africano. Al año siguiente, varias organizaciones de derechos humanos se sumaron para presentar una denuncia basada en la violación de la libertad de expresión. El 9 de diciembre un tribunal parisino condenó al investigador y su director editorial por restar importancia al genocidio de Ruanda.

La negación del Holocausto también ha constituido el mensaje de políticos como el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, que lo calificó de mito. El dirigente llegó a celebrar en 2006 una conferencia en Teherán en la que reunió a representantes de esta tendencia procedentes de todo el mundo y que se acompañó de una exposición de caricaturas sobre aquel hecho. Una opinión similar, negando o minimizándolo, ha sido esgrimida por los líderes de formaciones de la ultraderecha europea. Jean Marie Le Pen, fundador del francés Frente Nacional, señaló que las cámaras de gas fueron «un detalle» de la Segunda Guerra Mundial. Además de ser condenado a pagar una multa, esa opinión provocó que fuera apartado de su propio partido.

El genocidio armenio, ocurrido entre 1915 y 1923 en Turquía, ha seguido un proceso inverso al judío. Las posturas oficial y alternativa se intercambian y, en este caso, el régimen de Ankara se opone a la interpretación que sostiene que fue el fruto de un plan sistemático de limpieza étnica y lo achaca a las circunstancias bélicas. Tampoco existe una postura internacional común y sólo 30 países han reconocido su naturaleza, aunque esa falta de consenso puede relacionarse con la pretensión de no desairar al gobierno de Erdogan.

El negacionismo, por tanto, se convierte en la postura oficial y la disensión interna, formada por aquellos que defienden su existencia, resulta ser aquella reprimida judicialmente. El escritor Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, fue procesado y condenado a seis meses de cárcel, que debía cumplir en libertad condicional, por asegurar que las masacres se había cobrado la vida de un millón de armenios.

¿Qué ocurre en España? ¿Es posible enjuiciar a alguien que haga pública una opinión contraria al relato público? En 2007 se reformó el Código Penal para introducir la negación y justificación del genocidio. Posteriormente, el Tribunal Constitucional señaló que la mera negación no constituía delito. Un año después, la decisión marco de la Unión Europea en torno al racismo y la xenofobia impuso a los Estados miembros la obligación de actuar normativamente en contra de las conductas que puedan transformarse en discursos de odio.

Hace una década se produjo una nueva modificación que da lugar al actual artículo 510 en el que se encuentran tres conductas reprobables. «Habla de negar, trivializar y enaltecer», señala Demelsa Benito, profesora de Derecho Penal. «Se introduce un elemento de intencionalidad».

Onana no será encarcelado. El escritor deberá abonar una multa de 8.400 euros y, junto a su editor, pagar otros 11.000 a las organizaciones de derechos humanos que presentaron la demanda en calidad de restitución de daños y perjuicios. La ONU asegura que en 1994 las milicias hutus mataron a 800.000 tutsis y hutus moderados, mientras que él sostiene que la idea de un genocidio planificado y ejecutado con machetes es «una de las mayores estafas del siglo XX».