Una reforma legal suspende las visitas a los hijos de los padres maltratadores

El objetivo de la medida, que está incluida en la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, es dar a los jueces las herramientas necesarias para poder modular los regímenes de visitas de forma rápida, frente a los procesos actuales más largos, si cree que esta decisión es lo más adecuado atendiendo al interés superior del niño. De esta forma se vela por el interés superior del menor, como exige la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

«Cuando le dieron la custodia a él, me mataron en vida. Mi infancia se acabó. Un maltratador nunca puede llegar a ser un buen padre». Patricia Fernández Montero (Madrid, 1998) retala en 'Ya no tengo miedo' el calvario judicial que sufrió cuando su madre, tras una paliza, decidió separarse de su marido, a quien otorgaron la custodia unos meses. El libro de la joven es un reclamo a la sociedad para dar voz a quien no la tiene: niños como un arma que tiene el agresor machista ante una madre. Lo que se conoce como violencia vicaria, hacer el mayor daño posible a la madre a través de los hijos.

«Hay que entender que el niño no debe ser sujeto pasivo de la violencia. Deben considerarse los mismos derechos para la madre, si ésta es maltratada. Las instituciones no oyen a los menores y tenemos maltratadores con régimen de visitas y custodias compartidas. Luego nos escandalizamos si ocurre un asesinato», critica Montero. «Es un mito pensar 'a mí me maltrata, pero con los niños es bueno'. Si maltrata a su madre los está agrediendo también a ellos. Un buen padre no agrede a sus hijos», coincide en un relato a EFE el director de programas de la Fundación ANAR y también psicólogo Benjamín Ballesteros.

Tal y como explicó recientemente el exdelegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, esta «violencia extendida»no se produce solo con el asesinato de los menores, sino que durante el periodo anterior al crimen, el agresor utiliza a los niños para tener el «control y dominio», en este caso de la mujer. Lorente recuerda que, desde que se tienen datos, hay una media de cinco niños al año que son asesinados por la violencia vicaria y cree que la sociedad necesita «tomar conciencia» de estos datos y esta situación para conseguir ser «coherentes» con esta violencia.

En la ley de la infancia, aprobada en el Congreso el pasado 20 de mayo, incluye una nueva redacción del citado artículo del Código Civil, que se introdujo, a través de una enmienda del PSOE y recoge que «no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal acordado por delitos de violencia de género o doméstica, iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos».

«Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial», continúa la redacción.

«No atenta contra la presunción de inocencia. La Ley impide sin excepción que pueda acordarse o mantenerse un régimen de visitas o estancia con el progenitor (padre o madre) que esté en prisión-provisional o por sentencia condenatoria firma, acordada por delitos de violencia de género o doméstica», afirma Lucía Avilés, magistrada, experta en violencia de género y fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España. Por lo tanto, en ningún caso podrá entenderse que con la simple denuncia por maltrato se suspenderán las visitas de los hijos a los padres, como temen algunos abogados de familia. «Tanto en los casos de violencia doméstica como de género, si el procedimiento penal se ha iniciaado y está en curso, lo habitual es que ya exista una orden de protección basada a su vez en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», explica Avilés.

El PSOE justificó la introducción de este enmienda al hilo de lo acordado en la Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, en materia de menores víctimas de esta lacra, así como en otras medidas similares que sí están incluidas en la Ley de Protección a la Infancia. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 del Ministerio de Igualdad, 1.678.959 de niños viven en hogares en los que la mujer está sometida a algún tipo de violencia, desde la física a la emocional o la económica.

Desde 2013, año a partir del cual se empezaron a contar, asciende a 42 el número de menores que han sido asesinados por su padre o pareja de su madre. En esta cifra no se incluye el caso de Olivia y Anna, dado que aún no se ha demostrado la autoría del asesinato. Uno de los casos con mayor repercusión mediática fue el asesinato perpetrado por José Bretón, condenado a 40 años de prisión por calcinar en una hoguera a 1.200 grados de temperatura a sus dos hijos de 6 y 2 años, o el de las hijas de Itziar Prats, también de 6 y 2 años, acuchilladas por su padre hasta la muerte en 2018. La madre había denunciado el riesgo, pero nadie la escuchó.

Leo, cuyo cuerpo inerte apareció a finales de agosto en un hotel de Barcelona, habría cumplido 3 años el 21 de noviembre. «En el hotel te dejo lo que te mereces». Fue el último mensaje que Martín Ezequiel Álvarez Giaccio envió a su expareja, con la que estaba inmerso en un proceso de separación, desde la habitación 704 del hotel Concòrdia, en Barcelona. Minutos antes acababa de matar con sus propias manos al hijo de ambos, de dos años y nueve meses.