El Supremo rechaza lesiones psíquicas en dos niñas presentes en el asesinato machista de su madre

A las 6 de la madrugada del día 25 el condenado abandonó el domicilio, dejó la puerta de la casa abierta, colocó una cuna de viaje para evitar que pudiera cerrarse y abandonó en el interior de la vivienda a las pequeñas. Estaban semisdenudas, junto al cadáver de su madre. Siete horas después de que el asesino huyera, una vecina se percató de unos lloros procedentes del quinto piso. Al llegar vio que las niñas estaban solas, jugando en el descansillo. Le dijeron que su mamá «estaba dormida porque estaba muy cansada». Accedió al piso, vio un reguero de sangre, el cadáver de Maguette y alertó al 112.

Los especialistas que atendieron a las menores en un centro de acogida de la Diputación recogieron el «gran menoscabo» a la salud mental que les había producido el asesinato de su madre. La niña mayor «ha presentado y presenta» afectación psicológica asociada a estrés postraumático, con relevante deterioro cognitivo, emocional y conductual, «de mal pronóstico». Hoy tiene 8 años. La menor, por su parte, presentó «mutismo y otras afectaciones emocionales y comportamentales» y su pronóstico «es incierto». Ambas siguen bajo tratamiento cuatro años después del asesinato de Maguette.

Tanto la Sección Segunda de la Audiencia de Vizcaya como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmaron la sentencia: 37 años de prisión por delitos de asesinato (25 años), abandono de menores (dos años y seis meses), maltrato habitual (un año y ocho meses) y lesiones psíquicas con la agravamte de parentesco (cuatro años de prisión por cada uno de ellos). Además, debe indemnizar a sus hijas con 782.000 euros .

La defensa de Bara Ndiaye, detenido y en prisión desde hace cuatro años, llegó hasta el Tribunal Supremo. El recurso de casación, entre otros motivos, recogía la aplicación indebida de los artículos 147.1 y 148.3 del Código Penal, por entender que no se puede imputar un delito de lesiones psíquicas cuando no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para ello.

El pasado 20 de septiembre el tribunal de la Sala Segunda (Penal), formada por cinco magistrados, se reunió para dirimir el recurso de casación. Presidida por Andrés Martínez Arrieta y con ponencia de Miguel Colmenero, resolvieron por unanimidad que había que estimar este motivo de la defensa por la inexistencia de las lesiones psíquicas de las niñas y rebajaron de 37 a 29 años la pena final impuesta a Bara.

Explican que no ha quedado probado que se prescribiera un tratamiento determinado por parte de un médico, recogiéndose inicialmente que las menores recibieron terapia solo por parte de dos psicólogos. Sin embargo, señala el tribunal, no hay referencia alguna a que, en algún momento, un médico prescribiera un tratamiento o sostuviera desde la posición del perito que, dadas las lesiones apreciables, un concreto tratamiento era necesario para la sanidad.

Del mismo modo, recuerda la Sala que en los hechos probados se dice que «es muy probable» que las pequeñas presenciaron el crimen o que pudieron haber recibido determinados sonidos durante la agresión. Pero no se ha declarado probado «de forma terminante» que vieran la muerte de la madre. Así pues, concluye la sentencia, «no está claramente probada que la perturbación psíquica de las menores se debiera a la percepción de presenciar la agresión mortal o al hecho de encontrarse abandonadas durante siete horas en la vivienda». Un asunto por el que Bada, además, ya fue condenado por un delito de abandono de menores.

La polémica decisión del Supremo tuvo repercusión política. La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, consideró que es «difícil de comprender» la sentencia y ha lamentado que, una vez más, las perjudicadas sean las menores, «el eslabón más débil de la cadena», que sufrieron «de forma directa el asesinato de su madre». «Hablamos de derechos humanos y de justicia para Maguette y estas dos hijas arrastrarán esas secuelas de por vida», denunció la consejera.

Jone Goirizelaia, la abogada de la familia de la asesinada, afirmó que la anulación de las lesiones psíquicas de la pena «revictimiza» a las menores. Tras calificar de «totalmente incomprensible» la decisión del Supremo, dijo que deja en evidencia «la falta de perspectiva de género» y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, aunque lo considera «complicado».

«En este procedimiento se han dado un cúmulo de despropósitos. Esta mujer denunció la violencia machista, su procedimiento se archivó, la mandaron a casa, después siguió una serie de trámites y requisitos administrativos, y resulta que, después de todo ese proceso, terminó asesinada por su marido», recordó la abogada. En este sentido, ha apuntado que en aquel momento el ex presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, afirmó que «la justicia había fallado». «Falló una vez, ha vuelto a fallar otra vez y espero que no falle una tercera vez», zanjó Goirizelaia.