Radiografía del racismo en España: tres agresiones cada dos días

Los datos muestran que no hay un perfil definido de las personas discriminadas por el «origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la religión, la apariencia física o la situación migratoria». Un 40% estaba en situación regular, una cuarta parte era nacional de la Unión Europea y el resto no tenía documentación en regla. La mayoría era de América del Sur, el Magreb y África subsahariana. La proporción de mujeres y hombres era similar y un 5% era menor de edad. «Un ejemplo lo tenemos esta última semana en la que la situación de los jóvenes en los diferentes sistemas de protección del Estado ha servido como excusa para discursos racistas normalizados», afirma Elena Stati, responsable del documento y miembro de SOS Arrazakeria. «347 personas han sido utilizadas para difundir en la ciudadanía un discurso muy peligroso exaltando los prejuicios racistas de la sociedad, en lugar de poner en el centro del debate la situación de los sistemas de protección».

Este último registro anual, con datos de Aragón, Asturias, Vizcaya, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa, Madrid y Navarra, indica un 23% menos denuncias. Sin embargo, «no podemos celebrar esta disminución como un progreso en la lucha contra la discriminación sino, por el contrario, deberíamos tomarla como una señal de alerta de que aún queda mucho trabajo por hacer», advierte Stati. «No es tan importante hablar de cuánto vemos del iceberg. Hay que asumir de una vez por todas la existencia de un racismo estructural que se manifiesta de forma recurrente».

La discriminación sucede por conflictos y agresiones (19% de los casos), denegación de acceso a servicios privados o públicos (27%), trato desigual laboral (11%), discursos del odio (3%) y discriminación institucional (34%). En algunos casos se mezclan varios tipos. Por ejemplo, los «insultos, burlas, comentarios racistas, menosprecio, violencia física y exclusión», cometidos contra un «alumnado racializado y su unidad familiar» en un colegio por parte de otros jóvenes, a lo que se sumó la «violencia institucional» mediante un «trato hostil, el cuestionamiento de la situación y la negación o minimización del racismo». Además de las escuelas, los sucesos pueden ocurrir en centros sanitarios, bancos, locales de ocio, restaurantes, viviendas, supermercados, gimnasios o salones de belleza. «La denegación de servicios públicos tiene consecuencias graves y multifacéticas, afectando tanto a individuos como a la sociedad en su conjunto», indica Stati. «A nivel individual, puede conducir a un deterioro significativo en la calidad de vida».

La mitad de los casos (292) llegaron a los juzgados (civiles, administrativos y penales). Otro fenómeno que teme este observatorio es el de la infradenuncia. «Aunque hay personas plenamente conscientes de haber sido víctimas de episodios racistas existe la otra cara de la moneda. Personas que pueden llegar a normalizar la discriminación racial que han experimentado, al validar e incluso justificar el trato discriminatorio que reciben», dice Stati. «También hay personas que desconocen el propósito de una denuncia o las que no confían en los mecanismos de denuncia y de justicia, o perciben el sistema judicial como ineficaz o incluso hostil». Darles confianza y herramientas es el próximo reto.