Un pueblo contrata seguridad privada porque no puede tener más policías locales

La medida, consensuada con la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, obedece a la imposibilidad legal para ampliar la plantilla de su policía local. «Teníamos un compromiso electoral de aumentar la plantilla en dos agentes pero la Ley General de Presupuestos no lo permite más allá de la reposición de agentes que hayan causado baja o bien hayan abandonado el cuerpo», explica el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, del PSOE. La contratación de esta empresa privada de seguridad no habría sido necesaria de haber prosperado las conversaciones con el vecino pueblo de Cabanillas del Campo para compartir sus agentes policiales pero las negociaciones no llegaron a buen término.

Hace un año Marchamalo se dotó de 27 cámaras con capacidad para leer las matrículas de los vehículos que se instalaron en las entradas y salidas del pueblo. Según el alcalde, el resultado ha sido tan bueno que ahora se colocarán otras 30 en el casco urbano y en la zona industrial. «Estas cámaras nos están ayudando mucho en aspectos de vigilancia de tráfico y seguridad ciudadana y por eso queremos ampliar el servicio con otras 30 cámaras», añade el alcalde, quien aclara que el visionado de las imágenes sólo corresponde a los agentes de la Policía Local.

Cámaras que se han instalado en otros pueblos de Guadalajara azotados por las oleadas de robos gracias, en parte, a las ayudas que concede la Diputación Provincial de Guadalajara a municipios pequeños y con escasos recursos económicos.