PSOE y Podemos apuran los plazos para investigar los abusos en la Iglesia

En el debate celebrado este martes en la Cámara baja se evidenciaron las diferencias en cuanto a los instrumentos para estudiar la pederastia eclesial. El PSOE y PNV son partidarios de que sea el Defensor del Pueblo la institución que dirija el trabajo de la comisión de expertos. Por su parte, Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu apuestan por una comisión parlamentaria, con facultades similares a las de un tribunal, para forzar a la Iglesia a comparecer. Estos grupos mantienen que una 'comisión de la verdad' dependiente del Parlamento tiene más competencias, por cuanto los citados a declarar tienen la obligación de prestar testimonio y aportar la documentación que le requieran las Cortes.

Hoy el diálogo no cuajó entre los dos bloques. De hecho, la Junta de Portavoces abortó la propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una 'comisión de la verdad' que pedía el socio minoritario de Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y PNV y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

Frente a los partidarios de que la Iglesia depure sus responsabilidades, PP y Vox coincidieron en extender el ámbito de la investigación a todos los sectores, incluidos el deportivo y el educativo. Hacer lo contrario supondría imponer el «doble rasero moral de la izquierda», según dijo la portavoz del PP, Macarena Montesinos. Ambos partidos se mostraron complacidos con la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española de encargar al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría externa sobre el problema.

La diputada popular aprovechó la oportunidad para airear el caso del exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra. Su excónyuge ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una niña de 14 años cuando ejercía de educador. Oltra era entonces y lo es ahora la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La socialista Carmen Calvo sostuvo que la mejor solución es la creación de una comisión de expertos independientes «ajena a los poderes públicos», aunque su labor se someta al escrutinio de aquellos. Prometió mantener una exigencia «estricta» a la Iglesia para que aporte la documentación pertinente, por cuanto están en juego la protección de los menores y los derechos humanos.

En la misma línea, la representante del PNV, formación aliada de los socialistas en esta cuestión, adujo que los damnificados tienen derecho a la información, el reconocimiento y la reparación. «La jerarquía de la Iglesia no ha estado a la altura de las circunstancias», pero «no se trata de hacer una causa general contra ningún colectivo», aseveró la diputada Josune Gorospe. «Vamos tarde, pero esperamos estar a la altura», sentenció. También entonó un 'mea culpa' Jaume Asens, presidente del grupo de UP, quien pidió el perdón de las víctimas. «Os hemos fallado», reconoció.

Carolina Telechea, de ERC, aseveró que la iniciativa nace «descafeinada» y está lastrada al quedar las comparecencias de las víctimas reducidas al ámbito privado, lo que la priva a los damnificados del derecho a que sus testimonios obtengan publicidad. «En España oficialmente no hay casos de pederastia clerical porque el Estado nunca se ha preocupado de investigar», apostilló.

A juicio del portavoz de Vox, José María Sánchez, el Defensor del Pueblo solo puede fiscalizar la labor de la Administración pública, pero no a la Iglesia. Sánchez atribuyó al PSOE una inquina contra la Iglesia que viene de largo y que se remonta a Negrín y Largo Caballero. Vox cree que la persecución de la pederastia eclesial debe ser misión de los jueces.

Ciudadanos apoyó la iniciativa de PSOE y PNV, si bien dijo que también se deben fiscalizar las agresiones sexuales de menores en centros tutelados, a lo que se ha opuesto la izquierda en Baleares y Comunidad Valenciana. «Las convicciones religiosas no deben interponerse en este problema», alegó Giménez.

La división también se extiende a las asociaciones de víctimas. Para Manuel Barbero, de la organización catalana Mans Petites, la comisión por crear «es un paripé», por cuanto el Defensor del Pueblo dispondría de un tiempo ilimitado para llevar a cabo sus pesquisas y carece de medios coercitivos para que den la cara los representantes eclesiásticos. «Queremos una comisión a la australiana, con todos los medios, tanto económicos como legales, y en la que estén presentes el Estado, la Iglesia y las víctimas».

Ana Cuevas, de Asociación Nacional Infancia Robada, apuesta por que sea el Defensor del Pueblo el que lidere las indagaciones. «Lo importante es que el asunto se investigue dentro de un estamento institucional. Dispone de un plazo, hasta que se acabe la investidura. No todas las víctimas quieren salir en la prensa. No todo el mundo puede hablar en una comisión parlamentaria». A la representante de Infancia robada no le gusta la iniciativa de la Conferencia Episcopal de encargar una auditoría al bufete Cremades & Calvo Sotelo, por cuanto el presidente del despacho pertenece al Opus Dei, una entidad «negacionista» con relación a los abusos.

El escritor Alejandro Palomas mostró su irritación por el hecho de que se tumbara la iniciativa de Podemos de crear un órgano investigador con rango parlamentarios. «¿De verdad era tanto pedir?», dijo en sus redes sociales.